Vivimos momentos claves de la transformación de México, donde no se admiten titubeos, ni medias tintas, lo que necesitamos son definiciones sin cortapisas en torno a la construcción de un Sistema Eléctrico Nacional eficiente, confiable, seguro, continuo y sustentable, que redunde en un servicio público que garantice a precios asequibles la electricidad a toda la población y a los sectores productivos del país.
Aquí y ahora asumamos nuestro compromiso con México, dando a conocer a los ciudadanos los datos duros que legitiman la necesidad de una reforma constitucional en materia eléctrica.
En el tema que más le preocupa a los hogares mexicanos, es sin duda el aumento de las tarifas de luz, éstas se han incrementado a raíz de la Reforma Energética de 2013 en un 35% la doméstica; un 178% la de alto consumo y las industriales y comerciales en un 68%; mientras que algunas grandes empresas y corporativos reciben subsidios de hasta el 60% en sus recibos de electricidad, a través de plantas privadas que se dicen de autoconsumo pero burlan la ley, no pagan la transmisión y el respaldo, además evaden al fisco, comercializando entre sus clientes que son grandes consumidores a 1.2 pesos por kilowatt/hora, mientras que una tiendita de abarrotes ubicada en colonias populares tiene que pagar 5.2 pesos por el mismo consumo.
Ante este modelo, donde se privilegia de manera descarada a los privados, nos preguntamos qué mexicano noble y generoso se opondría a una Reforma que acabe con este sistema de canonjías y prebendas que le ha costado al erario casi 500 mil millones de pesos.
De qué lado escogimos estar: defendiendo un mercado oligopólico donde 10 grandes empresas privadas trasnacionales acaparan el 41%, o nos ponemos del lado de 46.2 millones de consumidores que día a día tienen que trabajar arduamente para poder pagar sus recibos de luz.
Nos preguntamos qué clase de mexicanos son aquellos que a pesar de todas las evidencias de que la Comisión Federal de Electricidad genera el 55% de la electricidad con fuentes de energía limpia, se oponen a elevar a rango Constitucional la Transición Energética y que el Litio se convierta en mineral estratégico; con todo lo cual México, a pesar de que emite el 1.2% de gases efecto invernadero, se pondría a la vanguardia mundial en la contribución para la mitigación del cambio climático.
Para que todos los mexicanos lo sepan, los que se opusieron a la Reforma Constitucional Eléctrica, le negaron al pueblo de México que se consagrará en la Carta Magna, establecer que la energía eléctrica se convirtiera en una precondición indispensable para garantizar los derechos sociales de varios Derechos Humanos, como el derecho al agua, a la salud, a la educación y a una vivienda digna.
Las fracciones parlamentarias de la coalición Juntos Hacemos Historia, votamos por México, no podíamos coartar el sueño de millones de mexicanos de tener luz limpia y barata; y tampoco traicionar la voluntad popular que nos ha conferido el pueblo de México para defender sus intereses.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
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