El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra los órganos que salvaguardan la competencia. En su mañanera señaló que, si bien no le dará tiempo para impulsar la reforma constitucional para desaparecerlos, es su deseo que “se siga desmontando su estructura burocrática”. Palacio Nacional sostiene que deberían desaparecer porque son estructuras que se crearon para facilitar la privatización y el despojo de bienes nacionales.
En los hechos, desde la autodenominada Cuarta Transformación se ha puesto a la desarticulación de órganos constitucionales autónomos como una prioridad en su visión de Estado. En la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), está pendiente la designación de tres comisionados, de los siete que integran el pleno. Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la salida de su presidente interino, Adolfo Cuevas, pone al Instituto en la misma posición que la Cofece, por lo que recientemente modificó su estatuto orgánico para poder operar con cuatro comisionados.
Si bien el Presidente argumenta que no le alcanza el tiempo para desaparecerlos, en realidad le queda la mitad de su sexenio; la verdad es que no le alcanzan los votos para desmantelar, desde la Constitución, el andamiaje institucional que protege la libre competencia y concurrencia, por dos razones: Primero, porque la recomposición del Congreso en 2021 le hizo perder la mayoría calificada —de dos terceras partes— en la Cámara de Diputados, necesaria para aprobar una reforma constitucional.
En el Senado, el bloque de contención continúa cohesionado en la defensa de los órganos autónomos y, conforme se aproxime el 2024, menor será el margen de negociación. AMLO se concentrará en avanzar las reformas constitucionales eléctrica, político-electoral y de seguridad; ahí se juega la consolidación de su legado. Segundo, porque la competencia es piedra angular del T-MEC. Así quedó plasmado en su capítulo 21, el cual establece que los tres países mantendrán autoridades nacionales de competencia, responsables de la aplicación de las leyes en esta materia.
Para el sector telecomunicaciones, el tratado es más específico, al mandatar en su artículo 18.17 la independencia e imparcialidad de los órganos reguladores de este sector. De atentar contra estas previsiones, inversionistas y Estados podrían activar sus respectivos mecanismos de solución de controversias.
El panorama es adverso. Los ojos de la atención pública hoy se concentran —con razón— en la discusión en torno a la Reforma Eléctrica y al falso dilema entre soberanía energética y competencia en el sector, pero el reto es mucho mayor. Hoy la competencia está bajo acecho y el gobierno apuesta por debilitar las instituciones que la protegen. La Cofece, por ejemplo, ha tomado acciones legales para hacer al Ejecutivo federal cumplir con su obligación de enviar las propuestas de nombramientos al Congreso. Porque la competencia es motor de oportunidades y desarrollo, hoy toca hacer más por defenderla.
DANIEL ROSADO MÉNDEZ
ASOCIADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL COMEXI
@DANIEL_ROSADO
MAAZ