Qué injusto ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la compañía petrolera Shell. La clausura de dos de sus gasolineras por parte de la Profeco, de Ricardo Sheffield, ha obedecido a una estrategia político-ideológica de la peor calaña contra el sector privado. De hecho, aunque se pensó que el motivo de la clausura fue haber exhibido precios de litros de gasolina a $30 pesos, en realidad la razón aducida fue nimia: un sellito mal puesto. Eso sí: los burócratas quedaron bien con el presidente por haber clausurado gasolineras que se pasaron de rosca.
Lo que nadie ha explicado es que hay una enorme diferencia entre los precios que puede ofrecer Pemex al público y los que ofrecen las gasolineras privadas, por la sencilla razón de que estas últimas se abastecen del mercado abierto, importando el producto y enfrentando precios internacionales, que ahora están por las nubes.
Los estímulos establecidos por el gobierno no aplican a la importación, sino únicamente a Pemex, por lo que las empresas privadas trasladan todo el costo hasta el producto final. En pocas palabras: el gobierno ha creado un piso disparejo en el sector gasolinero, favoreciendo a Pemex con el estímulo.
Esta es la razón por la que algunas gasolineras están vendiendo litros más caros: porque sus precios obedecen más a una integración de costos basada en el mercado; no por abusivos.
Shell es una corporación británica que en México está encabezada por Alberto de la Fuente. Está tan bien manejada a nivel global, que es infinitamente más productiva que la petrolera que encabeza Octavio Romero. Su historia refleja que ha tenido el estómago suficiente para soportar desplantes autoritarios y anticompetitivos en varias partes del mundo, como los que ya se asoman en México.
Shell debería tener alrededor de mil gasolineras operando en el país. Pero esto no ha sido posible porque los trámites burocráticos desde 2018 se han multiplicado, dada la ideología prevaleciente. El resultado es que no ha abierto más de 200 unidades, ya que el gobierno no le libera los permisos.
Pero esta es una firma con una potencia de negocio que rebasa a esa división de ingresos en nuestro país. De hecho, su negocio de exploración y extracción en aguas profundas es la apuesta más relevante de la empresa. Ese negocio, de largo plazo, apenas empezaría a rendir frutos cuando venga el cambio de gobierno, en 2024, por lo que lo más previsible es que su inversión para extraer el crudo dependa de las garantías que el próximo presidente otorgue.
SAMUEL GARCÍA
Varios empresarios ven al gobernador Samuel García como un interesante e inesperado perfil para la presidencial de 2024. La detención de su antecesor Jaime Rodríguez Calderón es un suceso que podría incrementar esa percepción positivamente entre el sector empresarial.
POR CARLOS MOTA
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