La semana pasada el presidente Joe Biden publicó un comunicado con el fin de buscar mayor coordinación entre autoridades estadounidenses respecto de la supervisión de criptomonedas. Con esta iniciativa parece que el gobierno de Estados Unidos empieza a considerar la legitimización de estos instrumentos digitales que, a la fecha, no sabemos cómo entender. No sólo en EU existe este debate; son numerosos los países que buscan un acuerdo entre autoridades fiscales y monetarias para encontrar el tratamiento adecuado. Dos preguntas resumen la discusión: 1) ¿Las criptomonedas son dinero o activos? 2) Debe o no estar permitida la tenencia e intercambio de criptomonedas por parte del público inversionista?
Para contestar la primera interrogante es conveniente retomar la definición universal del dinero. Según los textos de economía, dinero es todo objeto que cumple con tres propósitos: i) medio de cambio aceptado por otros agentes para pagar la compra y venta de bienes y servicios; ii) unidad de cuenta que es una medida socialmente acordada para expresar el valor de los bienes y servicios, y iii) depósito de valor que conserva su valor en el tiempo y permite comprar en el futuro.
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En este contexto, las criptomonedas cumplen con las primeras dos propiedades. La controversia radica en determinar si sirven o no para guardar valor. La evidencia muestra que, salvo las emitidas por un banco central, éste no es el caso. Basta observar la pronunciada volatilidad en los mercados. El costo del Bitcoin, por ejemplo, creció de 30,842 dólares en julio de 2021 a 69,000 dólares en noviembre del mismo año, para después registrar una caída de hasta 35,075 dólares en enero de 2022. Esta volatilidad se debe, fundamentalmente, a que no existe ningún activo real (tangible), ni reservas que respalden su valor. Éste último obedece, exclusivamente, a las expectativas de los tenedores de que sigan siendo aceptadas para la compra-venta de productos y servicios.
Con relación a la legalidad de tenencia, es prácticamente imposible evitar que los agentes interesados adquieran criptomonedas, ya que éstas se compran en carteras electrónicas (aplicaciones de software) con cuentas que pueden abrirse de forma anónima. No obstante, sí es posible imponer mayores controles a estas operaciones, tanto a instituciones como al público inversionista, tal y como propuso el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el verano pasado. Los controles no sólo buscan mitigar riesgos financieros; también permitirían considerar a las criptomonedas para efectos de recaudación fiscal.
A la fecha, el tratamiento regulatorio de autoridades de distintos países a las criptomonedas es variado. En el extremo más “liberal” están El Salvador, que adoptó el Bitcoin como curso legal, y China, cuyo banco central ha emitido ya el yuan digital (e-RMB). En el otro extremo, Bélgica, Irlanda, Australia, España y Nigeria, se han pronunciado abiertamente por descalificar el uso de estas monedas. En una posición intermedia están Francia, Suiza, Reino Unido, EU, Brasil y México, donde las criptomonedas no se consideran de curso legal, ni existe un marco regulatorio al respecto, pero no está prohibida su compra-venta, e inclusive existen casas de cambio para la conversión de éstas. También en este grupo, en una posición más “progresista”, se encuentran Canadá, Italia, Japón y Emiratos Árabes, quienes ya cuentan con un marco regulatorio para solicitar a los emisores y tenedores que se registren para operar.
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Queda mucho por debatir para alcanzar consensos. Probablemente, el reciente anuncio de Biden sea una referencia para acercar posturas.
POR ALEJANDRO SOMUANO
DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, EN AUSTIN
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