Esta semana el pleno de la Suprema Corte de Justicia concluyó la revisión de la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley Federal de Revocación de Mandato. En el bloque de ministros designados por el presidente López Obrador (Ríos Farjat, González Alcántara, Esquivel Mossa y Ortiz Alhf) hubo interesantes movimientos que permitieron o impidieron la mayoría calificada de 8 votos requerida para invalidar los preceptos impugnados.
Para bien, se alcanzó la votación calificada para declarar inconstitucional la injerencia de los partidos políticos en la promoción y difusión de la revocación de mandato, al considerar que es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Positivo también facultar al INE para ajustar la consulta a su presupuesto, sin consecuencias penales para sus consejeros. Pero mal, lamentablemente, en el debate sobre el fondo del ejercicio: la pregunta a consultar.
Una mayoría de siete ministros, incluida la ministra Rios Farjat, se pronunció por la inconstitucionalidad de la segunda parte de la pregunta, “…o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”. Sin embargo, dado que cuatro ministros, incluido el presidente Arturo Zaldívar, se opusieron, no se alcanzó la votación calificada exigida por la Constitución.
Faltó un voto para quitarle a la pregunta de revocación la parte que le sobra, es decir, la de ratificación. Los que votaron por mantener la pregunta esgrimieron argumentos políticos y el ministro presidente quedó nuevamente como instrumentador oficioso de los deseos del Presidente.
A estas alturas queda claro que el impulso a la revocación no es para empoderar a los ciudadanos sino para usarlo como estrategia de campaña y de culto a la personalidad de López Obrador.
La ciudadanía ha estado ausente en todo el proceso. Nadie ha pedido la revocación de un mandatario que tiene más de 60% de aprobación. Ahí radica la desnaturalización del mecanismo y el pésimo antecedente que sienta. Disfrazada de democracia participativa, será la encuesta más cara para complacer al mandatario.
La ironía es que ni el mismo líder está contento. Lejos de reconocer a sus ministros, ya se quejó de la pregunta porque “no se entiende y va a necesitar traductor”. La consulta, a su parecer, debería ser inequívoca como las que hace a mano alzada en el Zócalo, para que se escuche el sonoro respaldo.
Ingrata labor de buscar complacer al líder, que queda siempre insatisfecho. Una vez superada la consulta, ¿cuál será su siguiente objetivo?
Con el control del proceso de recolección de firmas para la “ratificación”, la exigencia a los legisladores y gobernadores morenistas de apoyar la consulta y la promoción cotidiana en las mañaneras del presidente, quedan exhibidos los fines electoreros del ejercicio.
No sorprende por ello que la revocación presidencial sólo se prevea en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela.
POR VERÓNICA ORTIZ
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