Esta semana, en la Cámara de Diputados se presentó una propuesta desde la bancada de Morena que busca que las Organizaciones de la Sociedad Civil que reciben donativos de gobiernos o asociaciones extranjeras, no puedan cabildear o litigar en contra de las obras del gobierno federal. De acuerdo con el proyecto presentado, dichas organizaciones que dediquen su labor hacia estas actividades podrán ser sujetas al retiro de su autorización para recibir donativos deducibles, con la intención de regular y transparentar los recursos que perciben, así como de evitar que influyan en los aspectos legislativos o tengan posibilidad de judicializar procesos en contra del gobierno.
Este planteamiento surge como una respuesta coyuntural a los trabajos periodísticos de investigación y litigios estratégicos que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad realizan en contra del gobierno federal y sus principales proyectos de infraestructura. Sin embargo, esta iniciativa, como se plantea, contraviene el actuar de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, aquellas que velan por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos verían impedidas sus labores cuando se traten de asuntos gubernamentales.
Si bien es siempre necesario velar por escenarios donde se ponderen la transparencia y rendición de cuentas, la serie de procesos que una ONG debe seguir y comprobar para ser una donataria autorizada son minuciosos y altamente regulados, por lo que formular legislación basándose en supuestos de injerencia en asuntos del Estado e interferir en la posibilidad de estas instituciones de litigar en su contra, podría resultar en faltas legales.
En ese sentido, existen otros instrumentos gubernamentales que ya se encargan de proteger la transparencia y señalar conflictos de interés, sin embargo, hoy la labor de estos órganos descentralizados está siendo castigada por esos mismos funcionarios que buscan modificar la ley para limitar expresiones en contra del gobierno.
Podría interpretarse entonces como una muestra más de la radicalización de los poderes del Estado, los cuales buscan dar cabida constitucional a los designios de un presidente que confunde los ataques personales con escrutinio público fundamentado y estigmatiza la labor de una sociedad civil plural que está para cuestionar, presionar y defender los derechos, necesidades e intereses de grupos específicos a los cuales el gobierno no ha podido satisfacer.
Es bajo esta misma radicalización que se acusa sin mayor sustento con términos como “traición a la patria” a periodistas, opositor o cualquiera que contradiga, cuestione y exija al ejecutivo nacional o cualquiera de sus brazos del Estado. El punto es que la ley no da margen para la duda ni la insinuación y el promover este tipo de propuestas desde dicha perspectiva radical demerita la labor legislativa.
Se espera que la iniciativa sea turnada a comisiones para su discusión, en donde espero genuinamente predomine la razón y la legalidad.
POR AZUL ETCHEVERRY
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