En tiempos en que el modelo civil de seguridad se encuentra en crisis por el descrédito al que ha sido sometido los últimos años, justificada o injustificadamente, es necesario reflexionar sobre aciertos y desaciertos en su implementación antes de asumir alguna postura.
No es novedad que sobre operadores y cabezas de instituciones de seguridad pública se tejan infinidad de historias escabrosas y pocas sobre los buenos servicios prestados. Es algo con lo que se debe vivir en la tarea de “proteger y servir”. En descargo de los críticos del modelo civil, en efecto, se ha abusado de la ocurrencia y uso político electoral de la seguridad en distintos lugares y
momentos. Hay quienes, lo hemos criticado antes, llevan la propaganda política a la operación policial a grados de modificar el color de las patrullas acorde al partido gobernante. Se normaliza de esa y otras maneras el menosprecio a la función policial. Sin embargo, existen aspectos del modelo civil que merecen valorarse.
Por ejemplo, hoy se cuenta con Unidades Especiales de Combate al Secuestro en todas las entidades del país y una a nivel central, la CONASE, con un modelo de atención homologado. Esto no hubiera sido posible sin hombres y mujeres formados en las mejores prácticas de investigación policial, atención a víctimas y manejo de crisis.
Cabe destacar el buen desempeño en seguridad pública, insisto, es tarea compleja. Por eso, cuando surgen en el escenario personas que devuelven la confianza en la función debemos valorarlas, como el caso de Omar García Harfuch, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.
En días pasados, el excomisionado Estatal de Seguridad de Morelos y exsecretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, denunció por delincuencia organizada al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Parecería un asunto político local pero no lo es.
El desempeño de Capella en Morelos generó el respaldo del empresariado y de Organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común, Alto al Secuestro o el Observatorio Nacional Ciudadano. Los resultados de su gestión se aprecian en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El gobernador Blanco ha señalado al excomisionado Capella de vínculos con la delincuencia organizada, sin exhibir pruebas. Por el contrario, una imagen deja ver que el mandatario estatal sostuvo una reunión privada con las cabezas criminales más peligrosas de la entidad. Acusar a quien persigue delincuentes de ser uno de ellos es un despropósito que trasciende el tema personal; es una afrenta a un modelo implementado con resultados promisorios y que debiera fortalecerse y replicarse si queremos que en algún momento las Fuerzas Armadas retomen su misión original.
Destruir la reputación de mandos policiales por cuestiones políticas fortalece a quienes más daño causan a las y los mexicanos: los delincuentes. Por eso, la de Capella no es una simple denuncia, sino la defensa de un modelo de seguridad con directriz civil, posible y deseable.
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
MAAZ
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Ser policía (contra todo y a pesar de todo)