En América Latina existe ahora una ola populista autoritaria que utiliza una retórica aparentemente de izquierda, pero que tiene características ciertamente reaccionarias. Podríamos hablar de una izquierda que, por un lado, es admiradora de los gobiernos dictatoriales en Cuba y Venezuela y, por otra, es profundamente conservadora en materia social.
El mexicano Andrés Manuel López Obrador y el peruano Pedro Castillo, son ejemplos prominentes de esta ideología. Ninguno parece ver con buenos ojos avances de órden social y cultural como el feminismo o la igualdad de género. Tampoco son creyentes en los beneficios de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.
En términos políticos rechazan los principios republicanos de la separación de poderes y la creación de organismos fiscalizadores autónomos. Esta ideología y práctica autoritaria se encuentra en el centro de la crisis política en Perú. Desde el principio de su gobierno, el presidente Castillo nombró un gabinete compuesto de personas que no generaron la confianza de la sociedad peruana, debido a sus simpatías con ideas antidemocráticas y antiliberales.
Castillo también propuso una nueva Constitución que se inspiraba en las ideas populistas autoritarias que dominan a la región. Muchos peruanos vieron esto como la imposición de un orden antidemocrático, donde al final sólo decide un líder y su vanguardia. Se puede decir que la política es el arte de la negociación y Castillo nunca dominó ese arte.
Debido a una cadena de errores y malas decisiones cometidas por su gobierno, la oposición y algunos sectores de su propio partido decidieron comenzar un proceso constitucional para removerlo del poder. Justo cuando esto se decidía, Castillo demostró su talante autoritario al disolver el Congreso y el Poder Judicial. Pero este intento de golpe de Estado fracasó pues el Presidente se había quedado sólo.
La mayor parte de los líderes democráticos del Hemisferio Occidental, de Joseph Biden en Estados Unidos a Lula Da Silva en Brasil, reconocieron de inmediato la legitimidad de la destitución del político golpista. La excepción fue la del gobierno mexicano que no sólo quiso brindarle protección diplomática a Castillo, sino que expresó solidaridad con quién había intentado un golpe de Estado a la democracia peruana.
Preocupa que el presidente mexicano admire a los regímenes más antidemocráticos y que valide prácticas golpistas. Cada vez es más claro que, con él en la presidencia o gobernando desde un maximato, nuestro orden republicano y democrático está en riesgo.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
@GDEHOYOSWALTHER
CO-FUNDADOR DE UNID@S
MAAZ