La principal fuente de financiamiento educativo del país es el presupuesto federal, no es la única, pero sin duda la más importante.
Por esa razón es necesario conocerlo, porque de su incremento o decremento depende que lleguen a las escuelas los sueldos de los maestros, del conserje, pago de rentas, construcción de bardas, tiempo adicional de clases, etcétera, sólo algunos de los cientos de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento diario.
El análisis que se ha hecho del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 revela un panorama con claroscuros, pero esencialmente perjudicial, para el bienestar de niñas, niños y jóvenes. Si bien es cierto que, de aprobarse sin cambios, se lograría un incremento de los recursos por segundo año; es insuficiente para resolver las necesidades de las niñas, niños y jóvenes.
El análisis más detallado de las funciones y programas presupuestarios permite observar que el Estado mexicano parece haber abandonado rubros de gasto que antes se consideraban prioritarios para la atención de comunidades educativas en desventaja, como la alimentación en las escuelas, el apoyo a hijas e hijos de jornaleros y a estudiantes indígenas, entre otros. Asimismo, también se hace evidente la carencia absoluta de partidas, programas o acciones destinados a abatir las consecuencias socioemocionales de la pandemia en NNJ, así como ofrecer una plataforma para recuperar aprendizajes y regresar a las y los estudiantes que ya no asisten a las aulas —alrededor de medio millón entre educación básica y media superior— a los centros educativos.
¿A qué se debe esto? En primer lugar, por menos recursos. Pasamos de destinar a educación básica de 11.1 por ciento del gasto programable en 2019, a 9.4 por ciento para 2023. Esto significa casi 100 mil millones menos, casi triplicar las becas o cuadruplicar el programa estrella La Escuelas es Nuestra (LEEN).
En segundo lugar, el diseño es ineficiente, ya que, en lugar de crear más apoyos, diferenciados y específicos para el contexto de cada estudiante, se ha decidido concentrarlo todo en un solo apoyo (becas). Esto se expresa en la desaparición de programas importantes, por ejemplo, recortes por más de 950 millones que ha dejado a 1.5 millones de estudiantes sin clases de inglés, o la eliminación de 674 millones destinados a la asesoría y acompañamiento de 371 mil estudiantes indígenas e hijos de jornaleros agrícolas, y la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo que ha dejado sin clases adicionales y alimentación a 3.6 millones de estudiantes. En total, 12.9 millones de niños afectados en sus derechos.
En tercer lugar, porque los problemas de ineficacia y captura obstaculizan el acceso a la educación y el aprendizaje; por ejemplo, en el caso de los CENDIs apadrinados por el Partido del Trabajo, que cuestan más de 500 millones y sólo sirven para atender a cuatro mil 600 niños de 0 a tres años, o que el recorte de 50 por ciento a los recursos para educación especial dejen sin oportunidades a decenas de proyectos para CAM y USAERs. Y finalmente, porque la omisión, opacidad y negligencia en la publicación de los padrones de beneficiarios dificulta identificar desvíos y evitan la corrección oportuna.
Esta situación no es nueva ni única de la actual administración, pero eso no la exime de su responsabilidad, pues ya estamos por entrar al quinto año de su gestión y corremos el riesgo de que se agrave, aún más, el futuro de las niñas, niños y jóvenes.
POR FERNANDO RUIZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO
@FRUIZ_RUIZ
MBL