A diferencia del INAI que cuenta con un presupuesto anual de casi mil millones de pesos, la mayoría de los institutos locales de transparencia ejercen presupuestos insuficientes para el cúmulo de obligaciones y atribuciones que tienen que cumplir; ni para atender el reto más grande, acercarse a la ciudadanía y dejar los escritorios.
Estos órganos colegiados no sólo resuelven distintos medios de impugnación o quejas de la ciudadanía a través de resoluciones, tanto por acceso a la información como por vulneración de datos personales. Además de la actividad “jurisdiccional” tienen que capacitar y asesorar a los sujetos obligados (entes públicos de nivel estatal y municipal), así como a la ciudadanía en general.
También se encargan de generar acciones institucionales tendientes a fomentar un gobierno abierto y una correcta gestión documental. Y por supuesto, promover y socializar los dos derechos que tutelan entre la sociedad, especialmente entre grupos vulnerables.
Estos institutos de transparencia tienen desde 12 hasta 20 años. Las tareas son las mismas, aunque cada estado con condiciones distintas (geografía, número de sujetos obligados, brecha digital) y la disparidad va con presupuestos anuales desde nueve hasta 200 millones de pesos.
Chiapas, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Baja California y Guerrero son las entidades donde se destina un menor presupuesto, de acuerdo con la población total por entidad federativa. En esos estados se destinó en este año, desde 1.74 hasta 6.25 pesos por habitante.
A lo largo de la última década, algunos órganos han tenido un incremento presupuestal menor, que no se llega a comparar con el crecimiento de atribuciones que imponen las leyes en la materia, ni con el aumento en el número de solicitudes de información y derecho ARCO y con ello de recursos de revisión. Por supuesto, tampoco va de la mano con la inflación.
En este contexto, el Instituto Morelense de Información Pública promovió una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de Morelos, ante la omisión del Poder Legislativo para aprobar el presupuesto de egresos y en busca de lograr la autonomía financiera del órgano constitucional de ese estado. En breve, el pleno de la SCJN resolverá dicha controversia. Para abonar a la rendición de cuentas en México, un paso indispensable es fortalecer el presupuesto de los entes autónomos de transparencia, para que tengan las herramientas necesarias para cumplir con la Constitución.
Además, los Programas Nacionales de Acceso a la Información y el de Protección de Datos Personales que iniciarán con el ejercicio fiscal 2023, coordinados por el INAI con los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, contempla cientos de acciones que deben bajar a los estados.
Es una decisión que ya se encuentra en la cancha de los Congresos locales. Ojalá que en 2023 se puedan mejorar los presupuestos de las instituciones.
POR NALDY RODRÍGUEZ
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