¿Qué tanto se ha enfocado la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas locales en garantizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes en las escuelas? Preocupa la desatención –cada vez más notoria- para proteger la integridad física y emocional de la comunidad escolar.
Aunque existen herramientas de prevención para disminuir riesgos en las aulas y para el manejo adecuado de las crisis, contenidas en protocolos y guías operativas para educación básica, el problema es que muchos de estos planes y lineamientos protocolarios no están actualizados, no se aplican correctamente y en la mayoría de los casos, ni si quiera llegan a ser del conocimiento de las comunidades escolares.
Por ejemplo, ¿cuántos padres y madres de familia, cuando inscriben a sus hijas e hijos en una escuela, preguntan sobre los programas de prevención y acción ante cualquier contingencia y no solo por un sismo, en el caso de la Ciudad de México?, ¿o si cuentan con un plan para prevenir, manejar y evitar casos de acoso o abuso sexual dentro del plantel, así como maltratos, riñas, brotes de enfermedades, portación de armas, ingreso de drogas y amenazas por artefactos explosivos, por mencionar algunos?
¿Por qué esperar a que la tragedia nos alcance? Ya vimos cómo una crisis sanitaria puso en jaque a las autoridades escolares por no aplicar de manera correcta y a tiempo los protocolos anticovid.
En los presupuestos de 2021 y 2022 la SEP no priorizó en la seguridad de NNJ y sus escuelas, ni siquiera para enfrentar la crisis sanitaria y por tanto, esa responsabilidad recayó en las comunidades escolares; las familias pagaron la compra de insumos de limpieza y sanidad porque la Secretaría no garantizó las medidas necesarias para que las y los estudiantes volvieran a las escuelas de forma segura.
Y no solo eso, el bullying se incrementó con la pandemia. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que los reportes de agresiones en las escuelas de educación básica en el país se elevaron 13% de 2019 a la fecha.
No tenemos claridad en la aplicación unificada de protocolos a nivel federal para evitar este tipo de violencia y otros riesgos en las escuelas, no hay seguimiento y en algunos estados del país a penas empiezan a trabajar en estas guías para contener y evitar estas y otras problemáticas en el ámbito educativo; para muestra basta recordar lo sucedido con decenas de estudiantes que presentaron síntomas de intoxicación de origen desconocido sin que hubiera una respuesta seria de la autoridad.
El bienestar emocional de NNJ y sus maestros tampoco ha sido importante para las autoridades. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 aprobado hace unos días, la SEP decidió destinar cero pesos a los programas de educación socioemocional y de convivencia escolar.
Hay un déficit de psicólogos escolares y así seguirá porque no existe interés ni recursos destinados para eso.
La escuela debe ser el espacio más seguro para niñas, niños y jóvenes después del hogar y para eso se requiere prevención, protección y primer nivel de reacción.
Es necesario que los protocolos y guías operativas no sean letra muerta, que se actualicen y se brinde capacitación adecuada a directivos, docentes, alumnos y familias para que sepan actuar más allá de solicitar vía telefónica una ambulancia.
Que las escuelas cumplan con elaborar diagnósticos de riesgo al inicio de cada ciclo escolar y se evalúen las problemáticas que enfrentan. Que las autoridades inspeccionen la aplicación de estos lineamientos y no dejen que la inacción, ignorancia, indiferencia, descuido o negligencia pongan en riesgo a nuestros estudiantes.
POR KENYA RAMIREZ
COORDINADORA DE MEDIOS EN MEXICANOS PRIMERO
@KENYARELI
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