En su comparecencia ante el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció diversas acciones del Gobierno de México para atacar el tráfico de armas desde un ángulo que nunca se había atendido: el de la responsabilidad corporativa.
El canciller señaló que la prioridad para México en su relación con Estados Unidos en materia de seguridad es disminuir el número de armas de fuego, particularmente aquellas de alto poder, que son traficadas para lastimar, amedrentar y generar violencia en nuestro territorio.
Con más de tres mil kilómetros de frontera, resulta lógico que además del despliegue de fuerzas de seguridad para incrementar los decomisos sea necesario “cerrar la llave” del flujo de armas. ¿De dónde proviene ese flujo? De un mercado que, si bien es legal en Estados Unidos, carece de controles suficientes para evitar que su industria facilite la adquisición de armas por parte de criminales y prestanombres, con el fin de traficarlas a México.
México argumenta que si los comerciantes fueran diligentes y cuidadosos, se evitaría que más de medio millón de armas fueran introducidas de manera ilícita a nuestro país.
Ante su irresponsabilidad, el Gobierno de México, por conducto de la Cancillería, ha desplegado una estrategia legal para que rindan cuentas por sus prácticas comerciales negligentes e ilegales.
El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó un litigio civil por daños, calificado en el mundo como valeroso e inédito. Con más de 400 páginas de argumentos, ocho escritos de amigos de la corte y múltiples muestras de apoyo, el juez de primera instancia resolvió dar la razón a las empresas y desestimó la demanda. En su decisión, el juez federal de la corte de distrito de Boston, Massachusetts, reconoció que la demanda demostró la relación causal entre las acciones de las empresas y el daño que producen en México.
El argumento del juez fue que una ley vigente (la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas o PLCAA) en Estados Unidos otorga a las empresas de armas inmunidad contra cualquier acción civil. Su sentencia no exime de responsabilidad a las demandadas, sino que considera que la PLCAA es un obstáculo procesal que impide a un juez conocer del litigio.
El Gobierno de México apelará esta decisión. Cuestionará principalmente que se haya dado alcance extraterritorial a una ley de inmunidades, la cual protege a las empresas por daños causados en territorio mexicano. El litigio sigue su curso regular, hemos pasado a la segunda etapa en este esfuerzo, con la intención de llegar hasta la Suprema Corte si es necesario.
El próximo lunes 10 de octubre presentaremos una segunda demanda civil, esta vez contra negocios que venden armas a traficantes y criminales, en violación a leyes estatales y federales estadounidenses contra la delincuencia organizada. Mientras que las empresas fabricantes de armas son responsables de facilitar el tráfico ilícito al ser negligentes en el comercio de sus productos, los vendedores son cómplices de este tráfico y deben rendir cuentas por facilitar la comisión de un delito.
También ampliaremos la discusión sobre la responsabilidad corporativa y su relación con los derechos humanos. A petición del Gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública el próximo 25 de octubre.
En ella, Estados de la región y organizaciones civiles dialogarán sobre el impacto negativo de la negligencia en el comercio de armas en el goce de los derechos humanos, así como las violaciones a los derechos humanos que supone la existencia de leyes de amnistía o inmunidad que impiden a priori el acceso a la justicia
La forma en que se conduce actualmente el mercado de armas en Estados Unidos causa daños masivos en nuestro país. El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, seguirá trabajando para que la industria del comercio de armas asuma su responsabilidad. Como dijo el canciller, no cederemos.
POR ALEJANDRO CELORIO ALCÁNTARA
CONSULTOR JURÍDICO DE LA SRE
@ACELORIOA
MAAZ
