Una de las críticas más persistentes al presidente Andrés Manuel López Obrador es que parece incapaz de construir acuerdos y prefiere aplastar a la oposición o, caso contrario, ganar el debate en la opinion pública a golpe de mañaneras.
Para esa crítica hay razones. Con su cómoda mayoria la primera mitad del período para el que fue electo, el presidente pudo pasar cada iniciativa que quiso. Lo hizo inclusive con unanimidades en el Senado de la República hasta antes de que Ricardo Monreal fuera apestado por la oficialidad.
La palabra negociación fue proscrita desde diciembre de 2018 y expuesta como equivalente a tranzar; a ceder por una acción legislativa a cambio de favor ilegal; a ser origen de la gran corrupción.
No tiene por qué ser así en una democracia. Si bien es cierto que, por elemental concepción, en democracia la mayoría se convierte en gobierno y las minorías se le oponen, también es que mayoría y minoría se pueden poner de acuerdo, encontrar puntos de coincidencia y negociar aquellos asuntos en los que uno y otros estén en posibilidades de ceder.
Esencialmente, negociar implica tratar un asunto para alcanzar acuerdos o soluciones, lo que en política es ideal, forma parte de una vida pública que se desarrolla en una pluralidad democrática. Aceptar un artículo a cambio de otro, cambiar una redacción por otra, afinar la ténica jurídica, complementar con miradas diversas, es decir, todo lo que idealmente también debe suceder en el trabajo legislativo de conformidad con las plataformas que sustenta cada partido político en un sistema como el que nos rige.
Bajo esa premisa, expuesta aquí de manera sucinta, llama poderosamente la atención que la sola expresión de “esperanza” en la construcción de acuerdos declarada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, detonara una andanada de expresiones de las dirigencias del PAN y del PRD.
Ya desde el pasado 5 de octubre, el líder panista Marko Cortés calificó de traición el voto emitido por varios senadores del PRI y del PRD, en relación a la extensión del plazo de intervención militar en tareas de seguridad pública. El tono de las declaraciones había subido desde el 4 de septiembre durante un mes en el que las cúpulas del PAN y el PRD, rompieron la coalición con el PRI y rechazaron como interlocutor al dirigente nacional de ese último partido, Alejandro Moreno Cárdenas.
Pero esta semana, ante lo expuesto por el titular de Gobernación, el dirigente perredista Jesús Zambrano, de plano reaccionó acusándolo de ser “encargado de las extorsiones”. Esto es, dando por sentado que quienes votaron a favor de la ampliación del plazo a la intervención militar lo hicieron bajo coacción a la que seguirán cediendo, sin una prueba mínima que acredite una operación así de López Hernández.
Así, lo que hay es la sola “esperanza” del titular de Gobernación por alcanzar acuerdos y una reacción desproporcionada que se vuelve contraquienes la profieren: Zambrano y Cortés
Y es que ¿cómo acusar dictadura si se busca la negociación? Cómo mantener la idea de que López Obrador sólo quiere imponerse y no está dispuesto a negociar? Entonces ¿en qué quedamos? Se aspiraba a la negociación legislativa? o ¿hay una negativa predeterminada en algún conciliábulo que bien puede reeditarse bajo la marca Unid@s?
Tal parece que la crítica a la supuesta cerrazón oficial y la pretendida paralisis constitucional (moratoria, le decían) no procura en bien del país ni abona a su consolidación democrática. Es pura simulación de apertura que a la hora de la verdad se exhibe.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ
