No han sido semanas fáciles para las fuerzas armadas del país. Los siguientes días, meses y años no serán diferentes, debido a las actividades en las que desde hace décadas las instituciones militares se encuentran inmiscuidas, pero con más amplitud en la actual administración. Tampoco por la forma en la que se les ha relacionado con los casos mediáticos de más impacto, como la desaparición de los 43.
El caso Ayotzinapa no solo es emblemático por ser unos de los estandartes con los que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, sino porque las implicaciones de este, evidencian el desaseo con el que la Fiscalía General de la República se ha manejado en esta y otras investigaciones.
La renuncia de Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, es otro golpe a la confianza del trabajo de este gobierno en torno al caso. Su salida se debió a que no fue notificado de la solicitud que formuló el agente del Ministerio Público de la FGR para cancelar 21 de 83 órdenes de aprehensión que ya estaban liberadas desde el 19 de agosto, entre las que se incluían al menos 16 órdenes contra militares acusados de delincuencia organizada.
Pareciera que mientras se conocen más cosas de lo que ocurrió en aquellos días, más lejos se ve que el caso quede completamente resuelto. López Obrador ha declarado que están recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero no aclaro de quién.
Fue más lejos al decir que buscaron reventar la investigación con filtraciones para armar una rebelión al interior del ejército, una bomba teniendo en cuenta el papel que en la investigación tiene la milicia. ¿Quién está detrás de estas intenciones? ¿cuál o cuáles son las áreas del ejército rebeldes? ¿hay insubordinación?
Se ha admitido la responsabilidad de la fuerzas armadas en el caso, tan es así que hasta el momento hay cuatro militares detenidos por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. El Presidente no ha dejado de respaldar ni al ejército, ni a la Fiscalía.
Tampoco a Alejandro Encinas. Pero siguiendo el ejemplo reciente, no ha querido intervenir en los conflictos que evidentemente hay entre estas tres instancias. El resultado es el caos que estamos viendo.
El Presidente tendría que prestar oídos a lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló al declarar que desde que se conformó la unidad del caso Ayotzinapa, existieron obstáculos iniciales para el cumplimiento de su objetivo, algunos puestos por el propio fiscal Alejandro Gertz y que con la renuncia reciente, se puede atrasar la investigación hasta 5 años.
El tiempo apremia y el del Presidente se agota. En nada va a ayudar que hable de conspiraciones o cortinas de humo. Lo que estamos viendo es una debilidad institucional y la continuidad de una falta de liderazgo. La confianza de los familiares de los desaparecidos en este gobierno se erosiona.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ