Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la sanción de más de 4 millones de pesos a Morena por un esquema de retención de salarios de los trabajadores del municipio de Texcoco en Beneficio del partido, mientras Delfina Gómez, actual Secretaria de Educación Pública gobernaba dicho lugar.
Vale la pena destacar que, en este caso en particular hubo unanimidad entre las decisiones de los magistrados del Tribunal Electoral en una sede donde las discrepancias suelen ser más comunes. De acuerdo con el criterio de estos jueces, el partido utilizó dichos esquemas ilegales de obtención de recursos y señalaron la responsabilidad inequívoca de la funcionaria en el entramado.
Lo anterior podría suponer que esta decisión traería consecuencias inmediatas, ejemplares, las que se esperan en un régimen democrático en virtud del Estado de Derecho. Sin embargo, con lo que nos encontramos es nuevamente con el uso discrecional de diversas instancias gubernamentales y un apoyo irresponsable del presidente Andrés Manuel López Obrador a otro más de sus colaboradores cercanos, a pesar de estar involucrados incluso en la comisión de delitos más allá de la omisión.
El escenario se torna disímbolo entre lo que mandata el presidente y lo que en teoría debería ser la aplicación pronta, expedita e imparcial de la justicia en México. Está de más hablar de la corrupción y la impunidad del pasado cuando se sigue no solo teniendo, sino reconociendo y protegiendo. El doble discurso de la moral en turno del ejecutivo nacional contraviene los ideales de quienes pretende honrar como aquellas fuerzas transformadoras de un país en ciernes.
Se abusa de la legitimidad política para generar paradigmas entre lo que es correcto, incorrecto y en qué parte se aplica la justicia. Estamos ante un gobierno que reconoce no ser imparcial y que dice representar la voz del pueblo, el cual hoy padece con algunos de los índices más altos en corrupción, impunidad y violencia registrados.
A pesar de que se trata de uno de los gobiernos más poderosos de los últimos tiempos, se presenta como víctima de ataques, no sólo cuando la opinión pública hace señalamientos en contra de sus actos y sus actores, sino de las instituciones que de una u otra forma buscan mantener hábitos democráticos y de legalidad. Lo malo es que el rol de “víctima” sólo se presenta en lo discursivo porque en los hechos, se atenta a diario en contra de la legitimidad y viabilidad de “los opositores” ya sean espacios periodísticos, empresarios, órganos descentralizados, comunidad científica, entre otros cada vez más.
Cuando se trata de gente cercana del presidente la rendición de cuentas, la persecución de responsables y la impartición de una justicia verdadera son igual de discrecionales que en los sexenios contra los que tanto se arremete, no obstante, nos encontramos en una coyuntura histórica en donde la opacidad y la ilegalidad son cada vez más difíciles de proteger.
POR AZUL ETCHEVERRY
AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM
@AZULETCHEVERRY
MAAZ