Desde mediados a finales del siglo XX México ya gozaba de organizaciones políticas, partidos políticos, una sociedad con características definidas, de gobiernos y economía bien estructurados. Sin embargo, ante los ojos del mundo, nuestro país no era plenamente democrático, incluso tildado como una “dictadura perfecta”, como lo mencionó el escritor peruano, Vargas Llosa. Es sabido por todas y todos los mexicanos que el camino de consolidación democrática ha sido sinuoso y con cierta calma, precisamente por los rasgos impuestos por el partido del poder, su entramado político y una organización electoral dependiente del gobierno, hasta la formación del Instituto Federal Electoral en 1990.
En este tenor, el nacimiento del IFE no se puede concebir sin “la falla del sistema” en las elecciones de 1988, del desgaste del PRI, de una oposición organizada y sobre todo, de una sociedad cansada de la puesta en escena realizada en cada jornada electoral. A partir de aquel momento, el IFE realizó ocho elecciones federales y tres más, ahora como INE, instalando al país en una democracia. De ahí la importancia de la creación de una institución autónoma -en decisiones y presupuesto- dedicada a organizar los comicios de manera eficiente, transparente e íntegra y así dotar de certeza a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio realmente tiene valor.
Ahora bien, es indudable que la existencia del INE debe permanecer en la vida pública del país y no solo eso, sino fortalecerse para la consolidación de la democracia en México (los debates surgidos en los últimos meses son harina de otro costal), pasar de nuestra democracia unidimensional y de ver los votos como “piedras de papel” para dirimir el conflicto político, como mencionaba el politólogo polaco Adam Przeworski, y comenzar el andamiaje en un régimen democrático en dos dimensiones (poliarquía), donde los muchos poderes limiten el ejercicio del poder unipersonal e incluso por fin llegar a una democracia de tercera dimensión (D3D), en la cual gobierno, iniciativa privada y sociedad se involucren de igual manera en todos los temas públicos.
Es decir, México se encuentra preparado para la democracia participativa (a través de plebiscitos, referéndums, espacios de consulta, deliberación y decisión como los presupuestos participativos o los foros ciudadanos). En esta administración se han llevado varias consultas ciudadanas -que si bien han estado veladas ya sea por el tema en sí, por sus formas o su realización-, son un ejercicio democrático necesario y deseable para dar ese “salto” a la democracia 3D. Más allá de los sobresaltos entre Palacio Nacional y el INE, las y los mexicanos estamos ante una actividad inédita en la arena política mexicana, la revocación de mandato. Un ejercicio contemplado en la Constitución que tendría que tomarse en serio, por gobierno y sociedad.
Para llevar a cabo esta consulta, López Obrador y Morena han sorteado la primera prueba de conseguir las firmas del 3 % del padrón electoral, aún falta ver el final del pleito presupuestal con el INE para saber si se podrán cubrir las 160 mil casillas que se necesitan para que el ejercicio tenga un alcance equivalente a una elección federal y que no exista la tentación de que “el pueblo realice el trabajo del organismo electoral o de hacer “coperachas” con casas encuestadoras. El entramado institucional de México y, sobre todo, la ciudadanía merecemos una democracia sólida, fuerte, transexenal y en tercera dimensión.
POR ADRIANA SARUR
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