Mientras se profundizan los llamados de emergencia humanitaria ante los nuevos escenarios internos y las crisis de gobierno en Haití y Afganistán, más cambios se avecinan a nivel regional.
Cierto es que son alentadores los avances del proceso constituyente en Chile y el avance del diálogo entre las fuerzas políticas y gobierno de Venezuela que han entrado en otra etapa en las últimas semanas, con la facilitación del Reino de Noruega, acompañado de Países Bajos y la Federación Rusa.
Sin embargo, las situaciones en El Salvador y Nicaragua han cambiado rápidamente. Mayor es el nivel de atención y preocupación por el elevado costo a los equilibrios de los que depende la gobernanza, en ambos países, especialmente con respecto a los procesos de justicia y político electorales.
En El Salvador, la atención está concentrada en la entrada del Bitcoin en el sistema financiero del país, coincidente con los pasos dados a iniciativa presidencial para la reforma constitucional que tendrá un momento culmen el próximo 15 de septiembre.
Se presentará elaborado por una comisión técnica, la reforma a más de 200 artículos de la actual constitución, un texto que tiene menos de 300 artículos. Sin proceso de consulta amplia o seguir el procedimiento que fue incluso respetado por las partes al fin de la guerra.
Cambios que tocan el fondo de los logros alcanzados por el proceso de paz que dio fin a la guerra a principios de los años noventa. En lo que va del año, coincide con la puesta en marcha del proceso de reclutamiento para alcanzar la anunciada multiplicación de efectivos de las fuerzas armadas salvadoreñas.
Como la puesta en marcha de procesos legales que han llevado al encarcelamiento ya de varios anteriores servidores públicos con alto perfil político de gobierno, miembros de varios partidos de oposición que en este momento son fuerzas minoritarias, acusados por faltas administrativas.
Aunados a otros pasos que han sido objeto de preocupación de las fuerzas políticas y sociales no representadas en el actual gobierno, de quienes han acompañado los procesos de implementación de los acuerdos de paz, especialmente en el campo del fortalecimiento del poder judicial.
Diego García-Sayan, Relator Especial de la ONU para la independencia de los jueces realizó un llamado a la comunidad internacional ante lo que caracteriza como un desmantelamiento de la Judicatura de El Salvador no acorde a los estándares internacionales adoptados por Naciones Unidas.
La interpretación que se ha dado para que se acceda a la sucesión presidencial inmediata, rompe con uno de los acuerdos claves de las negociaciones de paz desde los acuerdos de paz, por el antecedente histórico de dictaduras que duraron mucho tiempo en el país.
La decisión de reformar la ley que obligará a los jueces que tienen más de 60 años a jubilarse, lo que abre la vía para más nombramientos a iniciativas del partido en el gobierno y control del parlamento actual.
POR GUADALUPE GONZÁLEZ
CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA
MAAZ