México se convirtió recientemente en el cuarto país en América Latina –después de Bolivia, Ecuador y Venezuela– en incorporar a su Constitución un mecanismo de participación ciudadana destinado a revocar el mandato de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. En países de América Latina como Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá y Perú, se prevé la Revocación de Mandato (RM) a escala subnacional, así como su aplicabilidad para otras posiciones electivas de Estado, como pueden ser las autoridades regionales y magistraturas en el caso de Perú, o las alcaldías y regidurías en Colombia.
En México, sólo se había regulado en el ámbito local en Chihuahua (1997), Zacatecas (1998), Oaxaca (2011), Aguascalientes y Guerrero (2014), Nuevo León y Jalisco (2016), además de la Ciudad de México (2018)[i], pero fue hasta la reforma publicada el 20 de diciembre de 2019 que se introdujo esta figura en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para la persona titular de la Presidencia de la República. Según establece la propia CPEUM la RM sólo puede iniciarse a petición de la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.
De acuerdo con Guillermo O’Donnell (1998), la RM es un instrumento de rendición de cuentas de la sociedad dirigida al gobierno en turno, distinto a la rendición de cuentas (accountability) inversa; es decir, del gobierno a la ciudadanía, la cual compete al Estado y se ejerce por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Dada la crisis de representación o los escándalos de corrupción en países de la región, la RM busca ser un mecanismo idóneo para incentivar y mejorar la transparencia gubernamental.
Durante décadas, en América Latina predomino´ un modelo representativo donde el mandato no estaba constreñido o condicionado a la voluntad ciudadana, salvo cuando se trataba de acudir a las urnas a emitir el voto, sin embargo, desde inicios de la década de 1990, la RM se incorporó en diversas legislaciones para contrarrestar la crisis de legitimidad de la representación política y abrir nuevos espacios institucionales para la participación y el control de la ciudadanía.
Por ejemplo, en Ecuador (1998) primero se introdujo la RM para los alcaldes, prefecturas y diputaciones. Hasta 2008 se extendió a todos los cargos o autoridades elegidas mediante el voto popular –incluida la presidencia de la República–. En Bolivia (2008), se reguló la RM de la presidencia, así como de la vicepresidencia y de las prefecturas departamentales, pero para 2009 la RM se extendió a todas las autoridades electas por sufragio popular.
En México, en caso de actualizarse la RM de la presidencia de la República, el cargo lo asumiría provisionalmente quien ocupe la presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluiría el periodo restante, de acuerdo con lo que establece el artículo 84 constitucional. Diversos especialistas han dicho que el hecho de que se interrumpa el mandato de un presidente es una situación muy delicada que puede incidir en el equilibrio de cualquier sistema político-electoral[ii]. También han dicho que el “afán electoralista”, previo a la culminación normal u ordinaria del mandato, podría generar escenarios de ingobernabilidad o descontento dado que no se considera una nueva elección, lo cual contradice el propósito de la RM, además de desvirtuar la trascendencia de la participación ciudadana en este tipo de ejercicios de democracia directa, dado que la población no tiene intervención en las decisiones sobre quién ocupará la presidencia[iii].
De los países de América Latina que contemplan la revocación del mandato presidencial, únicamente se ha instrumentado en Bolivia y Venezuela, donde Evo Morales y Hugo Chávez fueron ratificados en su cargo[iv]. Para los gobernantes, la RM puede ser un mecanismo idóneo para refrendar el apoyo de la ciudadanía a su gestión: “[…] si un presidente se siente amenazado en su continuidad por un proceso de juicio político o por una situación de crisis social y política grave, puede movilizar la convocatoria a un referendo revocatorio con el objetivo de ser confirmado popularmente en el cargo”[v]. Sin embargo, esta modalidad puede tener consecuencias diametralmente opuestas como en Chile, cuando Augusto Pinochet (1988) no fue ratificado en su mandato derivado de la implementación de un plebiscito.
Sin duda alguna, la reforma constitucional de diciembre de 2019 busca promover una mayor participación de la ciudadanía y aumentar su involucramiento en la toma de decisiones sobre asuntos de impacto o trascendencia nacional; y aunque la implementación de mecanismos de esta naturaleza representa un enorme desafío para las instituciones encargadas de llevarlos a cabo, debe reconocerse que la consolidación de la democracia mexicana conlleva a la consideración de rutas alternativas o de mecanismos novedosos, como la Revocación de Mandato, para incidir en el espacio público y en el rumbo que deseamos para nuestro país.
[i] Carlos Garrido López (2021), “La Revocación del Mandato en las Democracias de América Latina” en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 47, 2021, pp. 323-353 Disponible en: https://bit.ly/3kLFLFJ
[ii] Altman, David (2005) "Democracia Directa en el Continente Americano: ¿Autolegitimación Gubernamental o Censura Ciudadana?. En Política y Gobierno XII (2): 203-232. https://bit.ly/3yFNj1M
[iii] María Laura Eberhardt (2017) “La revocatoria presidencial en América Latina. Ventajas y limitaciones. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador” en Colombia Internacional, núm. 92 Universidad de Buenos Aires. Disponible en: https://bit.ly/3tfrFjS
[iv] “Revocación del mandato presidencial en América Latina” Animal Político 25 de marzo ded 2019. Disponible en: https://bit.ly/3tbSRjd
[v] María Laura Eberhardt (2017), Op. Cit.
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA ELECTORAL
@DANIARAVEL
dza