La cultura woke “despierta” ha adormilado al liberalismo. A pesar de que el proceso de liberalización de la economía y la política ha traído beneficios sociales ineluctables. Por ejemplo, en las últimas tres décadas, la esperanza de vida aumentó de 68 años a más de 77 y la proporción de mexicanos por debajo de la línea de pobreza pasó de 8.1% a 2.5%. A pesar de esto la disparidad en la distribución del ingreso ha generado una profunda insatisfacción con los principios sobre los que se sostienen las poliarquías.
Las democracias liberales se construyen sobre el derecho de los individuos para determinar un estilo de vida colectivo con el mismo grado de agencia e igualdad. Aun así para algunos esto no es suficiente. El narcisismo individual –ese que nos hace sentir especiales- nos obliga a buscar un reconocimiento por arriba de los derechos colectivos. Esta vanidad social representan un campo fértil para liderazgos populistas que endulzan los oídos de los socialmente agraviados con narrativas centradas en los abusos infligidos por los grupos de poder.
Esta lucha por el reconocimiento grupal ha desviado a la progresía de los proyectos de política social de gran calado. Es más fácil y socialmente redituable exigir respeto y dignidad que buscar soluciones que promuevan la movilidad social.
El reconocimiento universal de derechos que predican los liberales ha perdido vigencia y ha sido substituido por la búsqueda de reconocimiento basado en la religión, el origen étnico, el género, el lenguaje, los hábitos de consumo, o las preferencias sexuales. La corrección política se ha convertido no solo en una herramienta para la victimización, también es utilizada de manera pragmática para ascender en la escala social. Es irónico que los que medran con la idea del abuso emanado del privilegio sean miembros de las clases más aventajadas. Pareciera que se trata menos de una preocupación por la desigualdad y más de una forma de oportunismo social.
La liberalización de los mercados y la política fomenta la creación de una cultura donde todos pueden florecer alejados de la coerción estatal y eclesiástica. Eso beneficia a las minorías y a la comunidad LGBT al alejar a curas y burócratas de la esfera privada. La política identitaria es contraria a ese principio ya que robustece al estado y lo induce a la escena pública.
La política identitaria es el cúmulo de creencias de que las disparidades étnicas, de clase, entre mujeres y hombres y entre gays y bugas evidencian un racismo estructural. Que las normas de la libertad de expresión, individualismo y universalismo conllevan una agenda discriminatoria al servicio de las élites. Y que las injusticias pervivirán mientras no se desmantelen los sistemas lingüísticos y del privilegio. El gran reto de la oposición será acuñar una narrativa liberal que coloque al mérito en el centro como el gran igualador y ecualizador de las injusticias sociales.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
POLITÓLOGO
@AECHEGARAY1
MAAZ