Las Políticas Públicas en materia de salud siempre serán temas que darán mucho material para el análisis, y la reflexión en diferentes círculos de estudio al interior de la sociedad mexicana. En el mismo sentido, la reflexión acerca de la alimentación y sus derivaciones es un tema de salud preventiva que, hasta ahora, no se ha atendido con la suficiente atención y determinación que demanda el asunto por parte de los tomadores de decisiones en México y el mundo.
Al respecto, es importante mencionar que, uno de los detonantes principales, que han potencializado los índices de mortalidad en el territorio nacional ocasionados por el COVID-19 en el territorio nacional, es precisamente la mala calidad en la educación nutricional de las personas en este país. Enfermedades como la diabetes o la hipertensión, derivadas de un consumo alto en calorías y productos procesados, son ocasionadas por la ingesta irresponsable que las personas llevan a cabo, de manera cotidiana al interior de sus hogares, ante la observancia casi nula de las autoridades gubernamentales en este sentido.
De acuerdo con información revelada en un estudio que analizó documentación clasificada al interior del Archivo de la Industria Alimentaria de la Universidad de California en San Francisco. La industria de comida chatarra, no se limitó a impedir que el impuesto a bebidas azucaradas en México se aprobara, sino que buscó desprestigiarlo y revertirlo, utilizando investigaciones científicas afines para lograrlo y que fueron ampliamente difundidas en el contexto internacional para que la medida no se imitara en otros países.
La Universidad de California, también revisó los estudios disponibles sobre la efectividad del impuesto y los compararon con los resultados de los estudios financiados por la industria. Los hallazgos fueron muy interesantes.
En primer lugar, los especialistas de las universidades de California, Nevada, Dublín y la Asociación Mundial de Nutrición para la Salud Pública, señalaron que encontraron cómo las empresas y sus grupos fachada, pagaron a científicos con la finalidad de que produjeran investigaciones que sugirieran que el impuesto no logró beneficios, utilizando argumentos económicos, de justicia social y de salud pública, similares a los utilizados anteriormente por la industria tabacalera.
Para conseguir esta información, los académicos revisaron memorandos internos, correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones privadas, entre ejecutivos de las principales corporaciones de la industria y los investigadores que financian.
En segundo lugar, otro de los datos que pudieron corroborar, a través de estas pesquisas, es que la interferencia de la industria alimentaria en las políticas públicas se ha desarrollado a lo largo de distintas administraciones. Por ejemplo, a partir de la presidencia de Vicente Fox, una de las empresas más reconocidas n el mundo refresquero consolidó su poder dentro y fuera de las esferas gubernamentales.
De igual forma, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue nombrada Secretaría de Salud, la medico cirujano, Mercedes Juan López, quien anteriormente dirigía Funsalud, una organización de investigación financiada por Nestlé, quién de igual manera, había sido consejera de otra empresa trasnacional. Bajo su dirección se creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) encargado de monitorear la estrategia para atender la obesidad y la diabetes. Los resultados hasta ahora han sido catastróficos, pues no solo no disminuyo esta enfermedad entre los mexicanos, sino que aumento a niveles alarmantes.
Basándose en una investigación financiada por la industria refresquera, sus cabilderos buscaron que los legisladores redujeran el impuesto destinado a las bebidas edulcoradas y de amplio contenido calórico. Un mes antes de que se votaran cambios en materia normativa en septiembre de 2015, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI) México, realizó un congreso, al que asistieron científicos, en el que al término del evento concluyeron que el azúcar, no era el problema del exceso de las calorías y que esa no era la estrategia para combatir la obesidad en este país.
Al final, la propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados de México, pero no en el Senado, así el impuesto permaneció en un peso por cada litro.
La presión sobre los tomadores de decisiones funciono. Ya no hay dudas de que padecer obesidad aumenta el factor de riesgo de enfermar con complicaciones y morir por COVID-19, algunos académicos atribuyen la gravedad del brote del Sars-CoV-2 al exceso de peso y esto se debe a que miles de personas viven principalmente en ambientes obeso génicos.
En un editorial publicado en la revista The British Medical Journal, los autores señalan que “la industria alimentaria comparte la culpa no solo de la pandemia de obesidad, sino también de la gravedad de la enfermedad COVID-19 y sus devastadoras consecuencias”, pues producen productos con alto contenido de sal, azúcar y grasas saturadas. La responsabilidad de cualquier gobierno en este sentido es aplicar la ley y adecuarla para proteger el bienestar colectivo de cualquier sociedad.
La salud de millones de mexicanos esta en juego.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAAZ