La decisión reciente del gobierno italiano de suspender la subasta de 17 piezas arqueológicas de origen mexicano, en respuesta a las gestiones de nuestro gobierno, merece un cálido reconocimiento. Esto contrasta, lamentablemente, con la determinación de la casa de subastas alemana Gerhard Hirsch de proceder a la venta de 320 piezas provenientes de culturas prehispánicas de México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.
La casa de subastas hizo caso omiso de las gestiones oportunas de nuestro gobierno y del amplio y bien fundado llamamiento de los países latinoamericanos, el cual señala que lo que se comercia, además de estar sostenido en bases legales cuestionables, lesiona derechos fundamentales de nuestros países.
Más allá de marcar el contraste entre estos dos recientes acontecimientos, mi propósito es subrayar que se trata de episodios de una amplia campaña que busca no solamente la recuperación de bienes culturales, sino crear en la opinión pública una conciencia más clara sobre este problema que ha adquirido una mayor dimensión en nuestro tiempo. No estamos solos en estos esfuerzos, un número creciente de países que integran la comunidad internacional está cada día más alerta para defender su patrimonio cultural.
A lo largo de los años, las grandes civilizaciones que han configurado nuestro patrimonio común en todos los continentes han sufrido el agravio del despojo y el saqueo. Esto ha sido una inevitable consecuencia de los procesos de conquista y colonización y de los conflictos bélicos seculares. A ello se añade que, en las últimas décadas, enfrentamos un creciente ascenso del tráfico y comercio ilícito de bienes culturales, que se ha acentuado en el momento que vivimos como consecuencia de la venta en línea y de la pandemia, entre cuyos efectos colaterales está la disminución de la vigilancia de sitios arqueológicos y la prevención de excavaciones clandestinas.
Recientemente algunos gobiernos han decidido restituir bienes culturales a sus países de origen. A estos gestos encomiables de justicia restitutiva, se agregan devoluciones que realizan particulares de sus colecciones privadas. Tales decisiones tienen sin duda un muy positivo significado, pero lamentablemente no representan la tendencia general. Por lo contrario, la lucha contra el comercio ilícito de bienes culturales encara considerables desafíos y tiene frente a sí un horizonte muy amplio por atender.
En 1970 se dio un paso adelante en el ámbito internacional con la creación de la Convención contra el tráfico ilícito de bienes culturales en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Dicha Convención fue aprobada inicialmente por 22 países y apenas hasta hace pocos años se adhirieron a ella naciones que albergan
importantes centros comerciales del arte.
La Convención está animada por las mejores intenciones, pero está sujeta a las evidentes limitaciones que afectan a numerosos acuerdos internacionales, para que estos puedan alcanzar sus nobles objetivos. Los esfuerzos frustrados de varios países, entre ellos México, por detener subastas en las grandes capitales del mercado del arte obedecen a la resistencia de poderosos intereses custodiados por las legislaciones de los países en los que se llevan a cabo dichas transacciones.
México seguirá insistiendo en el ámbito multilateral en la necesidad de fortalecer a la Convención de 1970 para cumplir con su espíritu original. Con esta intención estamos promoviendo en el seno de la Unesco el diseño de una intensa estrategia de sensibilización de la opinión pública, que contribuya a combatir este flagelo. Como señalé antes, se trata en el fondo de crear una conciencia social sobre el hecho de que el tráfico ilícito de bienes culturales va en contra de valores éticos fundamentales y que representa una corriente en ascenso de espoliación de los sitios arqueológicos y de muchas instituciones culturales.
A pesar de todas las dificultades, nuestro país, acompañado de muchos otros, está comprometido con una causa justa que debemos perseverar en defender.
POR JUAN JOSÉ BREMER
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA UNESCO
MAAZ