El mes pasado, tuve la oportunidad de compartir en este espacio una de mis obras favoritas de Julio Verne, en donde nos adentrábamos en el idílico México del siglo XIX.
Casi 60 años después, en El eterno Adán (1910), Verne vuelve a nuestro país, pero esta vez en el contexto de un futuro apocalíptico.
La obra narra la historia de un individuo francés radicado en el puerto de El Rosario, Baja California.
Relata una terrible hecatombe que sumerge al mundo por él conocido bajo las aguas, sepultando con ella a toda la humanidad, con excepción de nuestros protagonistas, cuyo deber, al encontrar un nuevo continente emergido durante el cataclismo, es el de establecer las nuevas bases de una “segunda vida” para la humanidad.
Aunque el origen del apocalipsis es ambiguo, el autor de la historia insinúa que se trata de un ciclo recurrente, en el que la humanidad se encuentra inexorablemente condenada a repetir su progreso material, como en aquellos mitos fundacionales de los mexicas.
Ahora esta amenaza cobra una realidad mucho más siniestra, debido a que es este mismo progreso material el que pone en riesgo la estabilidad de nuestro planeta y nuestra continuidad sobre su faz en un futuro.
El mes pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró “código rojo” para la situación ambiental, pues el calentamiento global ha llegado al punto donde la desaparición de los glaciares es cada vez más una realidad irreversible, acercándonos así al destino de los infortunados protagonistas de Verne.
Pero ¿a quién corresponde poner un alto a la hecatombe inevitable? ¿Seguirá siendo, como hasta este momento, un coto de negociación exclusivo de las clases políticas?
Aún se sigue discutiendo sobre la legitimidad del ciudadano común para exigir ante un juez el cumplimiento y respeto de estas medidas.
Se habla de acreditar un daño directo y de requisitos estrictos de legitimidad, negándose así el acceso a la justicia a quienes, al igual que todo ser vivo en el planeta, serán las víctimas directas de una potencial catástrofe.
Nuestro deber como jueces nos obliga a ver más allá de ese punto, a ampliar conceptos anacrónicos y, en su caso, a reemplazarlos por alternativas funcionales que garanticen el derecho de las generaciones futuras, ya no digamos a una existencia idílica, sino simplemente a existir.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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