La real independencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF) representa una piedra angular de un Estado democrático de Derecho.
En días pasados, hubo dos expresiones poco afortunadas del Poder Ejecutivo en las que se cuestiona el proceder de los juzgadores.
Primero, lo hizo el médico @HLGatell, quien ahora representa el papel de ¡jurista!
Cita, con motivo de los amparos que obtuvieron algunos ñi@s para ser vacunados, una tesis de jurisprudencia donde pretende enseñar a resolver conflictos legales a los jueces.
Como diría la conseja, pretendió “venderle chiles a Clemente Jaques”.
La tesis en cuestión no es obligatoria para los jueces, ni es aplicable exactamente a los amparos en cuestión.
Segundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador deploró la resolución unánime de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que concierne a la devolución de cerca de mil millones de pesos a los herederos de una tía del actual presidente de Televisa. Lo hizo con razonamientos políticos, no jurídicos.
La ausencia de asesoría jurídica indujo al error presidencial.
Es claro que las diferencias de percepción y de criterio entre el Presidente, y los medios y periodistas son legítimas, porque los tres concurren al mercado de la información y opinión.
Y aquí se aplica lo de “el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta”.
El debate público no es, y qué bueno que no lo sea, el espacio de l@s juzgador@s.
Es plausible que tanto jueces de distrito, magistrad@s del PJF, así como l@s ministr@s de la SCJN, en especial quienes fueron pro-puestos por el presidente López Obrador (@YasminEsquivel_, Juan Luis González Alcántara Carrancá y @MargRiosFarjat) se han respetado a sí mismos y ejercen su independencia de criterio.
Su lealtad debe ser y es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello es garantía para impartir justicia conforme a la Constitución y a la ley por el bien de la sociedad toda.
En el caso de Jazmín Esquivel, quien fue cuestionada por su cercanía familiar con el Presidente, ahora tuvo la oportunidad de demostrar a propios y extraños de qué está hecha.
Ella es la presidenta de la Segunda Sala de la SCJN quien resolvió, como todos sus compañeros ministros, el asunto de los herederos de Azcárraga.
Hablar de justicia en abstracto, como lo hizo el primer mandatario, tiene un impacto en el ánimo de la opinión pública, pero el tema en juicio fue la falta de observancia de requisitos esenciales del procedimiento.
Una cuestión técnica, con independencia de simpatías o antipatías con los herederos de Azcárraga.
El gobierno federal tiene abogados litigantes con muchas oportunidades de mejora, donde la capacitación es un requisito ineludible.
Ahí es donde deben dirigirse la mirada y la acción presidencial como solución de fondo a sus tribulaciones procesales en el PJF.
POR ERNESTO VILLANUEVA
COLABORADOR
@EVILLANUEVAX
dza