COLUMNA INVITADA

La regulación, mandato constitucional

La naturaleza reguladora del Estado mexicano no se reduce solamente al andamiaje normativo especializado y técnico

OPINIÓN

·
Manuel Rodríguez / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

La naturaleza reguladora del Estado mexicano no se reduce solamente al andamiaje normativo especializado y técnico, sino que parte de los principios constitucionales para normar la complejidad y dinámica del mercado en sectores estratégicos, donde se tiene que resguardar el interés general, buscando y planteando soluciones para corregir las fallas en el mercado y prevenir problemas sociales.

De esta manera, la Secretaría de Energía (Sener) emitió la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo, cuyo objetivo es el establecimiento de las directrices para atender el daño que se ocasiona el consumidor de gas LP, ante las ventajas excesivas en la comercialización y distribución.

Para poner en contexto lo anterior, en el citado documento publicado el 28 de julio en el Diario Oficial se menciona que, a partir de la liberación del mercado, en enero de 2016, con la apertura de gas LP por parte del sector privado, y con la liberación de precios a inicios de 2017, los consumidores padecieron un incremento exorbitante en el precio: en 2015 pagaban 290 pesos por un cilindro de 20 kilos; para febrero de 2017 pagaban 324 pesos, y en junio de 2021 tenía que desembolsar 506 pesos.

La Sener también precisa que este incremento en los precios para el consumidor no se originó por aumento en el precio del combustible internacional o del ofertado por Pemex, sino por el injustificado margen de ganancia de los distribuidores, que se han enriquecido de manera desproporcionada a costa de los consumidores. Sobre las ganancias o el margen comercial de los distribuidores, entendido entre la diferencia entre el precio de referencia internacional y el precio promedio al consumidor final, entre enero de 2017 a junio de 2021, casi se triplicó, al pasar de 5.8 pesos a 15 pesos por kilogramo.

La Sener, poniendo de relieve que dicho tema es un problema de carácter social y asunto de Seguridad Nacional, solicitó una metodología de precios máximos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que emitió los precios máximos de gas licuado, estableciendo 145 precios para las diferentes regiones del país.

Ante estas medidas para proteger la economía de las familias mexicanas, se realizaron paros del suministro, afectando diversas entidades, lo cual avivó las críticas de los detractores de la regulación instrumentada, a quienes habría que recordarles que esto no es algo nuevo.

En 2001 se emitió un acuerdo para determinar los precios máximos de gas licuado, estableciendo 65 regiones; y el 1 de noviembre de 2005 se estableció una segmentación de precios máximos en 145 regiones, que se mantuvo vigente hasta diciembre de 2016.

Por ello, respaldamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cumplimiento del mandato constitucional de la regulación de sectores estratégicos, quien advirtió a los distribuidores de gas LP que no doblegarán al Estado.

Por Manuel Rodríguez González
Diputado Federal
Presidente de la Comisión de Energía de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
www.manuelrodriguez.mx

dza