El combate a la corrupción y a la impunidad fue la principal promesa de campaña del titular del Ejecutivo federal, y hoy es el lema de la autollamada cuarta transformación.
Por este motivo, había una enorme expectativa de la ciudadanía sobre el trabajo de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, a casi la mitad de la administración, sigue quedando a deber. Aún persiste ineficiencia y parcialidad en el ejercicio de las funciones.
En lo que va del sexenio, de acuerdo con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, más de 80 por ciento de las compras de bienes y servicios se ha realizado por adjudicación directa o invitación restringida. Algo que el Presidente de la República se había comprometido a erradicar.
Hay opacidad en los megaproyectos multimillonarios como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles.
Tampoco hay registro de acciones contundentes en el desmantelamiento de redes de corrupción o de recuperación de recursos.
Auditorías a los programas sociales indican que el ejercicio de recursos ha sido deficiente.
Se ha incrementado la cantidad de recursos de reservas presentados por las dependencias y entidades públicas para evitar responder a la ciudadanía con transparencia y rendición de cuentas.
Grave también es la parcialidad en la investigación de las denuncias de posibles actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable, incongruencia en las declaraciones de situación patrimonial o conflictos de interés de servidores públicos del gobierno actual. El ejemplo más escandaloso, el caso de Manuel Bartlett.
Ausencia de resultados en las investigaciones de familiares o amigos de servidores públicos, incluidos parientes del titular del Ejecutivo, quienes participaron en contratos con empresas y dependencias del Estado.
Silencio y falta de seguimiento a denuncias debidamente sustentadas de posibles actos de corrupción.
No son buenos resultados.
Y esto es una muestra del incumplimiento de las funciones de la dependencia que, por ley, está encargada de vigilar, fiscalizar, inspeccionar, controlar y evaluar la gestión pública.
Total, el combate a la corrupción en este gobierno parece quedarse sólo un discurso. Están reprobados.
Es necesaria una SFP eficiente, sobre todo ahora que el Presidente de la República anunció que le asignará la responsabilidad de realizar las compras consolidadas del gobierno, actual responsabilidad de la Secretaría de Hacienda.
Hace una semana, en el Senado de la República, se ratificó el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino para ocupar el cargo de titular de la SFP. Sin duda, hay varios pendientes tendrá que resolver.
Espero que pueda, y logre conducir exitosamente la operación de la dependencia en favor de la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción e impunidad que demanda la ciudadanía.
Es su obligación. Es su oportunidad. Es urgente.
POR XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
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