Indiferente a las reacciones internacionales, el gobierno de Daniel Ortega sigue el rumbo hacia lo que podría ser la segunda dictadura dinástica en la historia de Nicaragua.
Y según preocupaciones expresadas por fuentes de la Cancillería mexicana, el gobierno Ortega está "montado en su macho".
Pero más allá de mantener "en consultas" al embajador Gustavo Alonso Cabrera, el gobierno mexicano parece renuente a asumir una posición más crítica.
El argumento básico es la protección de intereses mexicanos en Nicaragua, incluso inversiones por unos mil millones de dólares, la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación, y se recuerda que Argentina también retiró temporalmente a su embajador. Dicen creer que Colombia lo hará y señalan, como contraste, que Estados Unidos mantiene al suyo.
Pero Ortega no parece preocupado, ni por las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea o las denuncias de Amnistía Internacional por violaciones a derechos humanos.
Tampoco por las recomendaciones de personajes de la izquierda democrática, como el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva: "cuando uno piensa que no hay nadie para sustituirnos, nos estamos transformando en dictadores". Si lo hubiera dicho en Nicaragua habría sido detenido por incitar al odio, como ocurrió con la candidata opositora a la vicepresidencia, la exMiss Nicaragua, Berenice Quezada, que a sus 27 años está bajo arresto domiciliario por declarar que el país no quiere más dictaduras.
Eso sí, Ortega sigue su camino hacia una victoria electoral que se cree tenía asegurada sin la necesidad de arrestar líderes opositores, incluso seis presuntos candidatos presidenciales.
Quería, tal vez, estrenar una ley aprobada en diciembre y destinada a reducir los márgenes de acción política: cualquier dicho puede ser denunciado como sedición, conspiración, lavado de dinero y, en un descuido, lesa majestad o traición a la patria. Como en los tiempos de la dinastía Somoza. Pero con esa ley se impide que haya un real desafío a la tercera reelección de Ortega como Presidente, comandante de las Fuerzas Armadas y la Policía, jefe supremo y quizá fundador de una dinastía: al menos siete de sus nueve hijos con la vicepresidenta Murillo tienen influyentes posiciones en el gobierno.
Más aún: la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alejandra Hill, envió una carta de protesta porque el gobierno de Ortega dio la ciudadanía nicaragüense al expresidente Salvador Sanchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), acusado de corrupción por el gobierno de Nayib Bukele.
La respuesta del canciller Dennis Moncada fue una denuncia por injerencismo y, como Hill se atrevió a preguntar por la situación de su exesposo Arturo Cruz, uno de los candidatos encarcelados, la acusó de abusar de su posición.
Pero eso sí, bajo la "mirada reprobatoria" de México y Argentina.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
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