Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se enredó en una respuesta sobre el espinoso tema de los notarios en México, que ha sido botín de abogados de postín por décadas. El Presidente fue resbaladizo con el caso de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien habría otorgado un nutrido número de notarías públicas a unos días de dejar su cargo.
Si bien el Presidente calificó esa práctica como corrupta, y señaló que desde hace tiempo detectó el problema, no ha hecho nada para cambiarlo. Los notarios se han defendido de cualquier intento de calificarles como monopólicos con prácticas anticompetitivas. Su defensa ha sido mediática, al argumentar que ellos son garantes de la seguridad jurídica; y legal, al lograr que la Suprema Corte determinara que no se les considere como agentes económicos, con lo cual no pueden ser objeto de las sanciones de la Comisión Federal de Competencia Económica.
AMLO intuye adecuadamente que, a mayor número de notarios, los precios por sus servicios bajarán, porque deberán competir. No obstante, no termina por actuar decididamente sobre el problema. Muchos colegios de notarios en varias entidades actúan como cofradías, incrementando mínimamente el número de notarías.
Pero, lo que el Presidente quisiera es separar la función jurídica (contratos, actas de asamblea, testamentos, convenios, etc.) de la función de la fe pública. Esta última consistente únicamente en verificar que quien firma un documento es efectivamente quien dice serlo, y validar esa información a través de un medio aceptable: el pasaporte, la credencial del INE… Por ello, si el mandatario quiere un cambio legal para separar ambas cosas (ya lo deslizó como posibilidad), rompería con la “práctica corrupta” del gremio. El resultado sería que las funciones jurídicas las podría realizar cualquier abogado (elaborando contratos y documentos), y la función de otorgamiento de fe pública la haría el notario. Eso sí sería un cambio profundo, y no un maquillaje superficial (como los exámenes de oposición).
La litis central no es el mecanismo de acceso a la notaría; sino la naturaleza misma de la función notarial, que es dar fe pública sobre los individuos que firman un documento. Así, todo lo relacionado con los documentos que acompañan un acto jurídico bien podría ser hecho por cualquier abogado. De hecho, así ocurre en todas las notarías, porque los notarios saben que lo suyo, lo suyo, es solo verificar que quien firma algo es quien dice ser. Y esa función, en otros países, la llevan a cabo las secretarias y los dueños de las tienditas de la esquina.
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POR CARLOS MOTA
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