EL DEDO EN LA LLAGA

Legalización chocolate

En general, los vehículos traídos ilegalmente son viejos, defectuosos y sin mantenimiento, y no están sujetos a las normas ambientales

OPINIÓN

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Adriana Delgado Ruiz / El dedo en la llaga / Opinión El Heraldo de México

Desde el compromiso presidencial hecho en junio de regularizar los autos chocolate en la frontera norte, el debate ha ido entre las condiciones en que se realizaría para evitar que se internen al resto del país hasta los llamados continuos de la industria y el comercio formal para evitar que se lleve a cabo. 

Un asunto mucho más complejo que la idea de un gobernador. La industria automotriz representa 3.8 por ciento del tamaño de toda la economía mexicana y 20.5 por ciento del PIB manufacturero, más que ningún otro sector. Millones de mexicanos que trabajan y mantienen a sus familias honestamente, dependen de los empleos directos e indirectos no solo en las fábricas sino en toda la amplia cadena de suministro. Legitimar los autos chocolate atenta contra todos ellos.

En general, los vehículos traídos ilegalmente son viejos, defectuosos y sin el mínimo mantenimiento. No están sujetos a las normas ambientales y verificaciones que sí cumplen los adquiridos en el mercado formal, lo que significa mucha más contaminación. Además circulan sin el pago de todos los impuestos y tarifas con que sí contribuyen quienes compran el suyo legalmente. 

Más aún, los llamados autos chocolate significan manga ancha para las actividades criminales y la impunidad. En Tijuana, 73 por ciento de los coches que se roban mensualmente son de procedencia ilegal y 85 por ciento de los delitos se comenten utilizándolos. Si bien Baja California es el estado que concentra más vehículos de esos, en el resto de la zona fronteriza la situación no es muy distinta: 60 por ciento de los crímenes en el norte del país tienen involucrado un automóvil de esos.

¿Registrarlos y legalizarlos es la respuesta? Los números confirman que no. Botón de muestra: el cálculo oficial es que en Baja California hay por lo menos 700 mil de esos coches. Desde octubre de 2020, el gobierno estatal inició un padrón como paso previo a una posible regularización con un costo de mil pesos por cada unidad, muy por debajo de lo que cuesta el registro de una legítima. Diez meses después, el Instituto de Identidad Vehicular solo tiene 49 mil empadronados.

El dato es tan revelador que también tira por tierra el argumento de que la legalización serviría para proteger el patrimonio de las familias más pobres y apoyarlas en sus necesidades de transporte. De ser así, ¿por qué no han registrado masivamente sus vehículos en todo este tiempo?

El argumento recurrente de que quienes tienen un vehículo internado ilegalmente al país no suelen tener el dinero para adquirir uno nuevo en una agencia, es tan simplista como ignorante o malintencionado. 

El mercado de autos usados y seminuevos en México es tan dinámico que representa hasta 7 de cada 10 ventas, muchas de ellas con financiamiento, un contrato que da certidumbre, los meses de garantía indicados legalmente, acceso a mantenimiento y refacciones, y la seguridad que nunca dará un auto chocolate. 

En el país, la crisis de 2020 hizo que tres de cada 10 propietarios de vehículos buscaran vender el suyo o cambiarlo por uno más económico en cuanto a mantenimiento y consumo de combustible.

Ese mercado se ha vuelto tan atractivo que hay nuevas plataformas digitales dedicadas a la compra-venta de autos seminuevos y usados con esquemas innovadores.

En la frontera norte, por el contrario, esas ventas se desplomaron con la expectativa de la legalización de lo ilegal sin una razón real. Esa circunstancia es reflejo de cómo una política pública que no considera todas las variables puede terminar siendo contraproducente. Aún es momento de revisar de fondo su viabilidad y explorar alternativas que beneficien realmente a la población menos favorecida.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ

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