El tiempo es uno de los recursos más preciados, porque no se detiene ni se renueva.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ayudado a aprovecharlo mejor, facilitando la interacción, acortando distancias; y automatizando procesos, trámites y servicios.
La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba las plataformas digitales e impulsado su aplicación; en particular, aquellas gubernamentales para brindar información y atender las necesidades de la población, sin tener que acudir de forma presencial.
En el caso de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2020 del Inegi, 32.8 por ciento de las personas usuarias de Internet (22 millones 551 mil 781) se vincularon con el gobierno por esta vía.
El gobierno digital, que va más allá de usar la red y poner servicios en línea (E-Gobierno), busca integrar un ecosistema digital que cambie la gestión pública en favor de la ciudadanía; imprimiéndole valor, innovación, eficiencia y transparencia mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación, para generar confianza, promover la participación y fortalecer la gobernanza.
Si bien, los gobiernos digitales siguen avanzando en su implementación a nivel mundial, los retos son mayores para los países en desarrollo, por la limitación de recursos e infraestructura, los riesgos y falta de protección a la ciberseguridad y privacidad, así como la insuficiencia de capacidades y habilidades que permitan superar las brechas tecnológicas para lograr una inclusión digital.
La Encuesta sobre E-Gobierno 2020 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestra que casi todas las naciones han experimentado alguna forma de violación a la seguridad de los datos en manos gubernamentales, aunque esto no siempre se haya hecho público.
En ese año, el costo promedio de una vulneración de este tipo, en Estados Unidos, superaba los 150 millones de dólares, y la cifra global se estimaba en 2.1 billones de dólares.
Las transgresiones a los sistemas de datos afectan la credibilidad y operación de las instituciones, impactan en la economía y seguridad de las personas, e imponen costos sociales intangibles.
Por ello, al tratar información personal se deben tener en cuenta las implicaciones que conlleva desde su inicio hasta su conclusión, considerando las medidas de seguridad adecuadas que mantengan su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Como dijera el empresario Seth Rogin “el cambio es incesante e implacable; por tanto, la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar”.
La transformación tecnológica y los modelos de administración pública híbridos, que combinen la virtualidad con lo presencial, llegaron para quedarse.
A las instancias públicas nos toca estar a la altura de los desafíos, sobre todo al garantizar derechos, como es el cuidado de los datos personales.
POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA INFOCDMX
@NAVYSANMARTIN
dza