A un año y medio de que la humanidad comenzó a padecer la pandemia de COVID-19, también la violencia familiar tomó tintes alarmantes en el mundo debido, en buena medida, a los prolongados confinamientos. De por sí, el problema ya estaba instalado en millones de casas, pero siempre oculto entre las sombras de los hogares.
La violencia doméstica es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente, sea contra mujeres, hombres o menores.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU Mujeres, al menos un tercio de las mujeres del planeta es víctima de violencia física o sexual, generalmente desde que es muy joven.
Según la ONU, 736 millones de mujeres han sufrido este flagelo a manos de una pareja o por otras personas, y una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25.
Lo más alarmante es que el fenómeno no ha retrocedido en los últimos 10 años y, peor aún, se exacerbó durante los confinamientos ordenados por los gobiernos ante la emergencia sanitaria. Hoy esos mismos gobernantes buscan soluciones a esa otra pandemia social.
En este sentido, el Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que autoriza el monitoreo telemático, a través de tobilleras electrónicas de agresores en casos de violencia familiar que tengan prohibido acercarse a su víctima.
El proyecto define que cuando un juez con competencia en materias de familia imponga al agresor (cuando exista uno o más antecedentes) la medida cautelar de prohibición de acercamiento, podrá decretar que sea supervisada por monitoreo telemático.
Habrá que estar al pendiente para ver qué resultados aporta esa medida, en realidad es sólo un nuevo paliativo para tratar de frenar la violencia y abusos en contra de las mujeres y menores, por intentos no se ha parado, pero casi todos se quedan en buenas intenciones.
En el peor de los casos, las medidas contra la violencia familiar por parte de las autoridades no llegan más allá de las recomendaciones para los agresores. Aunque existan leyes con medidas cautelares.
Todavía resulta más preocupante, que a veces los mismos servidores públicos tratan de disuadir a las víctimas, por lo que ellos llaman escenarios incómodos y entonces los patrones de violencia se siguen repitiendo.
El pensador francés Michel Foucault señala en su obra "Vigilar y Castigar" que las penas han sufrido mutaciones, lo cual implica no un mejoramiento o empeoramiento de las mismas, no su humanización o racionalidad, como habitualmente se sostiene, sino más bien una transformación que responde a los cambios político-económicos de las sociedades occidentales.
Y como pintan las cosas en el mundo, la violencia doméstica no tiene indicios de disminuir, incluso la agresión que se aplica contra menores, adultos mayores o a hombres aún no tiene normas específicas de protección.
Sin duda, las sanciones legales a la violencia deben ser equiparables a las agresiones, para que provoquen un resultado.
POR ISRAEL LÓPEZ
COLABORADOR
ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
MAAZ