El avance democrático que tiene por objeto directo incorporar figuras de democracia participativa o semidirecta, ha sido importante para abrir la puerta al Soberano en las grandes decisiones de Política Administrativa, Política Electoral y, en general, de todas las Políticas Públicas.
Uno de los instrumentos de mayor peso y significación es la denominada Revocación del Mandato, pues, a través de esta herramienta los gobernados pueden tener la oportunidad de sancionar a los gobernantes de elección popular; el que pone puede quitar.
En el mundo ha tenido éxito y, en México también debería de tenerlo, siempre y cuando se aplicara con pleno respeto a su contenido sancionador, pues se trata de un castigo y no de un premio.
La Constitución no señala las causales para esta destitución del Ejecutivo Federal que debería ser establecido, cuando menos, en la Ley reglamentaria; una de las Entidades Federativas que incorporó esta figura, con sus causales respectivas, es el Estado de Jalisco, cuya Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza señala, entre otras, las siguientes: Violar sistemáticamente los derechos humanos; Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución o la ley; La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el desempeño de su encargo; Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que afecten el erario; La pérdida de confianza, debidamente argumentada, etc.
La forma de presentar este tema ha sido un verdadero disparate, pues se pretende convertir a esta figura democrática en un procedimiento de ratificación plebiscitaria, y no como debería ser: en una destitución por incumplimiento y pérdida de la confianza política.
Una vez más, lamentablemente nos encaminamos hacia un distractor que puede convertirse en un fracaso, como sucedió con el reciente ejercicio de Consulta Ciudadana.
En este caso existen varios problemas, además de lo ya descrito: no existe hasta la fecha una Ley que regule la parte correspondiente del artículo 35 constitucional; ni siquiera, por casualidad, se ha mencionado a los Ejecutivos locales que refiere nuestra Carta Magna en los artículos 116 fracción I y 122 fracción III. A mayor abundamiento, si se iniciara en éste gobierno este tipo de proceso, sería inconstitucional, pues se viola la “no retroactividad de la Ley”, ya que el Presidente López Obrador fue electo por un periodo determinado que concluirá en el año 2024.
Sería esquizofrénico ver a los militantes, simpatizantes y adherentes de Morena solicitar la firma a los ciudadanos para defenestrar al Presidente López Obrador, con el propósito de obtener aproximadamente 3 millones de firmas que se requieren para iniciar este proceso de remoción del Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Nadie está pidiendo la remoción del Presidente, a excepción de unos cuantos de derecha extrema, del llamado grupo “FRENA”, que hace unos meses pidieron su renuncia en el zócalo de la Ciudad de México.
Sí en un improbable caso, de que se lograra el 40% de los votos y el resultado fuese la destitución del López Obrador, este sería sustituido por quien ocupe la presidencia del Congreso y dentro de los treinta días siguientes el Poder Legislativo nombrará a quien concluirá el período (artículo 84 constitucional); en este caso, un miembro de Morena sería el Presidente sustituto de acuerdo al número de curules que tiene junto con sus aliados.
En otras palabras, se trata de un disparate o de una trampa, pues el objetivo político del Presidente es que, a menos de 2 años del término de su mandato, consolide su –ya robustecida— figura popular, para intentar imponer al candidato que él decida y, también, se abre ligeramente la puerta de una reelección inconstitucional y consolidadora de una verdadera Dictadura.
En resumen, estamos frente a un acto que, lo menos que se antoja, es esquizofrénico, costoso e inútil; se trata de una Revocación de Mandato a modo.
En lo que sí debería preocuparse el Congreso es en legislar sobre la Segunda Vuelta Electoral, que permitiría definir –con mayor claridad— las preferencias electorales del pueblo.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
MAAZ