El próximo lunes se cumple un año desde que la clase política mexicana sufrió una sacudida pública que a lo largo de una semana fue de escándalo en escándalo… y, de repente, cesó.
La semana de los escándalos inició el 13 de agosto de 2020, con los reclamos de Rosario Robles Berlanga que cumplía un año de prisión preventiva oficiosa por una omisión como lo fue tener conocimiento de hechos delictivos y no informar debidamente a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto.
Pero fue el 16 de agosto de 2020 cuando surgió la novedad: un video en el que colaboradores de los panistas Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, manipulaban bolsas de dinero en efectivo para ser empaquetadas en lo que parece son las oficinas del Senado de la República. El episodio, por si mismo era un espectáculo que al día siguiente fue referido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como prueba “de la inmundicia del período neoliberal”.
Para el 18 de agosto, el mandatario apuntó las baterías a José Antonio Fernández Carvajal, presidente de Grupo Femsa, señalando que uno de sus hermanos, Juan Ignacio, tenía la concesión del Puerto de Veracruz por un siglo. Luego, el 19 de agosto, la denuncia interpuesta por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin se filtró. Y si bien, el video y la denuncia parecían acaparar el debate público, todavía el jueves 20, la Secretaria de la Función Pública anunció sanciones contra la razón social que edita la revista Nexos, por haber incurrido en alguna ilegalidad.
Con todos esos frentes abiertos, aparecería la tarde del 20, un video, a través del portal Latinus, en el que Pio López Obrador fue exhibido recibiendo dinero en efectivo de un destacado funcionario de la llamada “Cuarta Transformación”. Era David León, entonces titular de Protección Civil y anunciado nuevo titular de la paraestatal que se haría cargo de la distribución de medicamentos en el país.
Y de repente, el viernes 21, se acabaron las revelaciones y los señalamientos quedaron sólo en eso pues ninguno de los casos llegaría ahí ni en el año siguiente a un cierre definitivo: Rosario Robles sigue en un lento juicio sin sentencia próxima; de Pío López Obrador todo indica que pasará al archivo por prescripción; lo del puerto se desmintió.
Además, Nexos ganó una apelación; y, destacadamente el caso Lozoya, presentado como prometedor, empieza a generar serias dudas sobre la viabilidad de una conclusión que desestime los hechos denunciados. Entre muchos aspectos opacos del caso, uno que es público y despierta la duda sobre la denuncia, es el desmentido que la periodista Lourdes Mendoza propinó a Lozoya y que pone en aprietos la veracidad de todas las declaraciones, por ahora, en una demanda civil por daño moral.
Siendo una de las 16 personas mencionadas en la multicitada denuncia, la historia era inverosímil. Según el exdirector de Pemex, el poderosísimo secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habría instruido a Lozoya un mandado: comprar y llevarle a la periodista una bolsa Channel de la exclusiva tienda de Polanco. Increíble el episodio de por sí, en tratándose de dos figuras que tenían a su disposición un ejército de colaboradores como para andar personalmente comprando un bolso para dama, la mentira quedó al descubierto cuando en el proceso civil demandado por Mendoza se acreditó en sendas documentales que dicha tienda no existía.
Episodio aparte, en las próximas semanas se esperan noticias en el caso Lozoya cuyos avances más significativos son dos: la detención de Jorge Luis Lavalle, cuya imputación sigue en vilo dado que la audiencia intermedia fue aplazada. Y el otro es la aprehensión de Alonso Ancira Elizondo quien quedó libre mediante un opaco acuerdo de resarcimiento que de manera inusual pactó el pago con cargo a Altos Hornos de México, en abonos, y que hasta ahora no se ha materializado.
Al cumplirse un año de aquella escandalosa tercera semana de agosto, el papel del fiscal general Alejandro Gertz Manero debe ser discutido pues con el paso del tiempo su eficacia está en entredicho ante la notoria fragilidad de sus casos emblemáticos. Y no porque la corrupción peñista no haya existido sino por una notoria inaptitud para desentrañarla, al ceder a judicializar asuntos en los que, posiblemente, lo chamaquearon.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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