De acuerdo con los más recientes datos sobre pobreza dados a conocer por el CONEVAL, entre 2018 y 2020 los programas sociales no fueron suficientes para contrarrestar los efectos de la crisis de salud y económica, por lo que pobreza y pobreza extrema se incrementaron a nivel nacional.
Una de las carencias que más aumentaron entre la población fue la de acceso a la salud y no precisamente por efecto de la pandemia, sino resultado de haber destruido los programas que habían logrado cierto nivel de maduración, por el solo hecho de haber sido creados e impulsados por los gobiernos panistas y el priistas.
El mayor golpe a este indicador fue haber desaparecido el “Seguro popular”, ya que en automático dejó sin acceso a la salud a un estimado de 52 millones de personas que estaban inscritas en dicho programa, carencia que no pudo ser subsanada por el INSABI, por lo que 15.6 millones de ellas dejaron de tener acceso a los servicios de salud y eso que según el titular del ejecutivo federal al 1° de diciembre de 2020 tendríamos un servicio de salud como el de Noruega o Dinamarca.
Comportamiento similar registró el homicidio doloso que según el SNSP subió un 2.4%, al pasar de 33 mil 740 víctimas en 2018 a 34 mil 554 en 2020. Por su parte el feminicidio se incrementó 6.9% al pasar de 914 en 2018 a 977 en 2020.
El INEGI por su parte reportó 36 mil 685 homicidios intencionales en 2018 y 36 mil 574 en 2020, lo que significa una disminución marginal de 0.3%, la cual al no ser estadísticamente significativa, echa por tierra el discurso de López Obrador en el sentido de que atendiendo las causas de la violencia y la delincuencia, sus indicadores disminuyen en automático.
El comportamiento de estos indicadores deja en claro que la atención de las causas del delito sin el acompañamiento de una estrategia que haga frente a la delincuencia y haga valer el estado de derecho, termina estrellándose con la realidad, incluso con esa que fue beneficiada temporalmente por la pandemia con la disminución del robo en sus diversas modalidades, producto del encierro y de la falta de movilidad de personas, vehículos y algunas mercancías no prioritarias, sin embargo tras la apertura de la mayoría de las actividades económicas los delitos aumentaron hasta regresar a los niveles de 2019.
La prueba de fuego de los programas sociales que otorgan recursos económicos a través de becas y apoyo a adultos mayores, fue que la pobreza extrema creció en 2 millones de personas, al pasar de 8.7 a 10.8 millones, lo cual indica que el 8.5% de las personas tienen 3 o más carencias sociales y no tienen ingresos para adquirir una canasta alimentaria.
Estos resultados dan cuenta de que por más que se quiera incentivar a la población, sobre todo a los jóvenes para que no se incorporen en algún eslabón de la cadena delictiva que les permita salir de la pobreza y en el mejor de los casos a acceder a algún tipo de lujo pasajero, tarde o temprano podrían caer en el dilema de seguir en la condición de pobreza o aceptar el llamado de los grupos delictivos para incorporarse a alguna actividad ilícita que le permita vivir aunque sea algunos años lejos de todo tipo de carencias.
Es en este punto donde se pone en duda el discurso de la 4T, porque muchas veces la saliva no es suficiente para cambiar una realidad que avasalla y amenaza con acabar con su existencia y más de uno de los jóvenes podrían sucumbir al llamado a un nivel de vida diferente aunque este plagada de ilegalidades y riesgos.
Haciendo un balance rápido podemos observar que a casi 3 años de la política de “abrazos, no balazos”, las cosas no mejoran en materia de combate a la pobreza y tampoco en materia de inseguridad, luego entonces no existe una correlación entre las variables de combate a la pobreza y la inseguridad que haga que mejore una y la otra también, por lo que habrá que seguirla buscando.
POR FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
MAAZ