Samuel Alejandro García Sepúlveda (Samuel García) ganó con amplio margen la elección para gobernador de Nuevo León, pero su llegada al poder está sostenida con alfileres. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral tienen identificadas y documentadas tres vías de nulidad.
Son tres principales vías de posible anulación de la elección. En primer lugar, las aportaciones de su esposa no reportadas como gastos de campaña. En segundo, las contribuciones superiores a 120 millones de pesos del gobierno de Jalisco, y algunos municipios, a través de tres agencias digitales. Tercero, una intrincada red financiera que involucra a familiares y amigos de Samuel García.
Las aportaciones en especie de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, son la beta menos fuerte. Ponerla en el centro de la polémica es la estrategia para desviar la atención de las otras dos. El problema no es lo que ella publicó en sus redes sociales, sino que el excandidato de Movimiento Ciudadano debió incluirlo en su reporte de gastos de campaña como ordena la ley. Sus asesores creen que victimizarla puede distraer la atención de las irregularidades más graves.
El doctor Santiago Nieto, el jefe de la Unidad e Inteligencia Financiera, me confirmó que Samuel García utilizó empresas fachada para mover millones de pesos que financiaron su campaña. Todos los requerimientos de información ya fueron entregados por la UIF a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral.
Se configuró un esquema donde participan más de 30 personas, todas plenamente identificadas. En el centro de la red se ubica a Rosario García Morales, media hermana de Samuel García. Las investigaciones concluyen que el entramado financiero lavó varios millones de pesos que fueron a parar a la campaña del hoy gobernador electo de Nuevo León.
Otra poderosa vertiente surge de tres empresas de marketing digital de Jalisco estrechamente ligadas al gobierno de Enrique Alfaro. Se tiene documentado el gasto de 200 millones de pesos para la construcción de imagen y posicionamiento electoral de Samuel García en Google, Instagram, Facebook y Youtube.
El Sistema de Administración Tributaria, SAT, y la Fiscalía General de la República tienen en su poder toda esa información que podría tipificar delitos electorales, evasión y defraudación fiscal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos el asunto y deberá pronunciarse, una vez que supere su crisis interna. La pregunta es si el SAT, FGR y TEPJF se atreverán a hacer lo que a cada uno corresponde, sobre todo después de que el presidente López Obrador ya recibió y dio su bendición a Samuel García.
POR ALEJANDRO CACHO
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