Es imposible que el Estado logre erradicar la delincuencia. Sin embargo, lo que sí puede hacer, es disuadir a los criminales de cruzar “líneas rojas”
La violencia y la inseguridad son un problema viejo para México. Frente a ellos, gobiernos de todos los partidos, no han encontrado una solución de fondo. Sin embargo, nunca habíamos visto lo que sucede con el lopezobradorismo: la decisión deliberada de rendirse; de replegar al Estado con la esperanza –ingenua, irracional e irresponsable– de que la delincuencia, en general, y el crimen organizado, en particular, se “portarán bien” si no se les combate.
Si en sexenios anteriores podía criticarse la estrategia, en el actual lo que ha fallado es, sobre todo, la voluntad. El gobierno de López Obrador —tan firme y soberbio a la hora de atacar a periodistas, académicos y ciudadanos críticos– ha resultado vergonzosamente cobarde cuando se trata de combatir a quienes asesinan, secuestran, torturan y amenazan.
Es imposible que el Estado logre erradicar la delincuencia. Sin embargo, lo que sí puede hacer, es disuadir a los criminales de cruzar “líneas rojas” (masacres, ataques a autoridades y la desestabilización de ciudades), y contenerlos para que la violencia se limite a episodios focalizados que minimicen las afectaciones a civiles inocentes.
Lo que este gobierno no ha entendido es que, incluso si la autoridad no combate a los delincuentes, la disputa entre ellos (por territorios, mercados ilegales, rutas de tráfico, etc.) continuará inevitablemente, e incluso puede recrudecerse. Por ello, el Estado debe implementar las medidas necesarias para atemperar la violencia. Esto sólo es posible mediante el uso estratégico, pero con determinación, de la fuerza: cada vez que el crimen cruce una “línea roja”, el Estado debe responder de forma contundente para mandar el mensaje de que no habrá impunidad.
La impasibilidad de este gobierno no ha generado paz, por lo contrario, ha incrementado la temeridad con la que la delincuencia actúa. Hace unos días, nuevamente, el crimen organizado estiró la liga: mediante un video publicado en redes sociales, un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación amenazó directamente a diversos medios de comunicación y, en específico, la vida de la reconocida periodista Azucena Uresti. Y si bien las intimidaciones a comunicadores son dolorosamente comunes, jamás se había registrado una afrenta tan pública y desfachatada como la de este 9 de agosto.
Los excesos del crimen organizado son ya un común denominador de este sexenio. En octubre de 2019, el Cártel de Sinaloa tomó a toda una ciudad de rehén para forzar a que el gobierno liberara a Ovidio Guzmán; en 2020, un comando intentó asesinar a Omar García, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en una de las principales avenidas de la capital del país; en 2021, una banda de delincuentes recorrió las calles de Reynosa matando indiscriminadamente a ciudadanos inocentes. En todos estos casos, el Estado debió responder con severidad: operativos punitivos focalizados, acciones de inteligencia para localizar y arrestar a los autores intelectuales detrás de los actos, extradiciones y golpes financieros.
Pero no. Su respuesta, lamentablemente, fue insistir en los abrazos.
El crimen organizado es, hasta cierto punto, un actor racional, en el sentido de que responde a incentivos y se autocontiene cuando percibe que la respuesta del Estado puede dañar sus intereses. El problema es que este gobierno ha mandado señales de debilidad, no de fuerza.
Se “puso de rodillas” frente a los delincuentes esperando paz, y lo que ha recibido es más violencia: 100 homicidios en promedio al día, y los meses más sangrientos desde que se tienen registro en México son el legado de este régimen. Hoy el Estado mexicano ha perdido credibilidad y autoridad ante los criminales, porque el lopezobradorismo tiene miedo a gobernar.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
DIPUTADO CIUDADANO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO
MAAZ