Las condiciones coyunturales del escenario público de nuestro país exigen recordar que las bases de origen constitucional que dan cauce a nuestro sistema político, por naturaleza, propician la existencia de contrapesos, cuya función es limitar el ejercicio del poder, y evitar que se concentre en una sola persona o institución.
Los orígenes de los contrapesos provienen de las ideas de dos grandes filósofos políticos de la historia: John Locke y Montesquieu. El primero estableció el principio de división de poderes, delimitando a los poderes legislativo, ejecutivo y federativo. Por su parte, Montesquieu identificó tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. La diferencia fundamental entre ambas visiones estriba en que Locke aceptaba la preponderancia de un poder sobre otro, mientras que Montesquieu se enfocaba en la mutua anulación entre los diversos poderes para que ninguno pueda dominar ni ser dominante.
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Dichos postulados de la época de la Ilustración influenciaron el dibujo constitucional e institucional de múltiples naciones, incluido nuestro país. Tales principios encuentran reflejo en el artículo 49 constitucional, el cual establece que el Supremo Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que nunca podrán reunirse dos o más de estos en una sola persona o corporación.
En el plano fáctico, el quehacer político demanda permanentemente la irrupción de actores valientes y comprometidos con las atribuciones que les han conferido, y en ese contexto es necesario imponer barreras a ciertas decisiones en el ámbito público, ya sea que provengan de un Presidente o de un cuerpo legislativo, para garantizar la pluralidad política y social en un marco de diálogo y de consenso.
En ese sentido, y derivado de coyunturas políticas del pasado reciente, se ha venido malentendiendo el concepto de contrapeso, equiparándolo y, en ocasiones, haciéndolo sinónimo de oposición. Por tanto, no resulta trivial referir que el contrapeso consiste en el aparato institucional enmarcado en las ideas y conceptos mencionados con anterioridad, mientras que por oposición habríamos de entender actos políticos circunscritos al ámbito de los partidos.
En nuestro país predomina una crisis de confianza en instituciones y partidos políticos. En tal escenario es que se presenta la confusión en torno a la función de los contrapesos y la labor opositora de las fuerzas políticas, cada vez más desprestigiadas. En dicha coyuntura los ciudadanos han salido a buscar espacios alternos de participación para promover y fortalecer los contrapesos en nuestro país.
En tales circunstancias, sólo la correspondencia entre las acciones de gobierno y las demandas de la sociedad expresadas en el espacio público, podrán dar cauce a un ambiente propicio para la recuperación de la confianza perdida, que derive en la ciudadanización de las instituciones para la plena consolidación democrática.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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