Otra vez los inmigrantes a Estados Unidos, en especial los que llegan a través de la frontera con México, resultan los responsables de todos los males, incluso del incremento de casos de COVID-19.
No es extraño. Para la inmensa mayoría de los gobiernos, y en este caso concreto los de Gregg Abbott, en Texas, y de Kim Reynolds, en Iowa, resulta más fácil echar culpas que aceptar responsabilidades.
Es más simple atribuir los males a un factor externo que a problemas internos, errores propios o falta de planeación. Es política de primer año.
Que tanto Abbott como Reynolds sean republicanos tampoco es una rara coincidencia.
Reynolds señaló hace un par de días que una parte del problema del COVID-19 se encuentra en la frontera, en quienes llegan sin vacunación. En Iowa hubo un aumento de 250 por ciento en los contagios.
Abbott aseguró, desde marzo, que la política migratoria de Joe Biden llevaba a la liberación en Texas de indocumentados enfermos de COVID-19. Pero menos de la mitad de los texanos ha sido vacunado, a pesar de la disponibilidad del medicamento.
En ambos casos hubo renuencia a promover o a prolongar activamente mandatos como el uso de mascarillas o la vacunación, a los que se opusieron por considerarlos fuera de lugar.
En términos reales, los estados gobernados por republicanos, algo más de la mitad de Estados Unidos, son los que presentan más víctimas por coronavirus.
Para Kay Ivey, gobernadora republicana de Alabama, el último incremento de contagios es culpa de aquellos que no se han vacunado y es tiempo de señalarlo. Pero los no inmunizados son la mayor parte de la población del estado.
En alguna medida, podría hablarse de una estrategia política más o menos tradicional, que ha sido parte de la política estadounidense, prácticamente desde su independencia, pero que, en los últimos años, ha sido realzada y usada formalmente en las propuestas electorales de Donald Trump y se simbolizan en la interrumpida construcción de un muro fronterizo.
En este caso, los republicanos usan además el tema migratorio para atacar a sus rivales demócratas y las que consideran contraproducentes políticas migratorias del gobierno Biden.
Al mismo tiempo, Abbott envía a la Policía texana a detener indocumentados que en su interpretación hayan violado leyes estatales. El propio gobernador de Texas inició una campaña pública para reunir fondos y reiniciar la construcción de la valla fronteriza con dinero privado. La gobernadora Reynolds se solidarizó con el simbólico envío a la frontera de un par de docenas de agentes de la Policía estatal de Iowa.
Así, el COVID-19 se une al arsenal de argumentos de los grupos antiinmigrantes que, sin duda, lo incluirán en las campañas políticas del Partido Republicano, tanto las estatales como las elecciones legislativas de 2022 y más allá, los comicios presidenciales de 2024.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
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MAAZ