Es una vergüenza lo que pasa en el Congreso de la Unión: lo único bien hecho en estos últimos días es que los diputados y los senadores exhibieron bien para quién trabajan, y sus ambiciones grupales para ejercer el Poder Legislativo.
Dos delincuentes en proceso: un presunto violador, Saúl Huerta, de Morena, donde la familia de la víctima lo ha dado todo para juntar las pruebas de sus fechorías en contra de un menor de edad; y un presunto delincuente de cuello blanco, Mauricio Toledo, quien tiene más denuncias en contra que años de vida, no han podido ser juzgados todavía a pesar de las investigaciones en su contra desde hace meses ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), con todas las pruebas que hay sobre su persona.
Es más, pesan órdenes de aprehensión en su contra.
El Congreso encontró gran pretexto para negociar el peso de la ley a favor de dos presuntos pillos y volverlos coyuntura para usar a su favor uno de los poderes de la federación.
Resulta que uno de los pillos del Partido del Treabajo (PT) convive rebien con los del Partido Acción Nacional (PAN), porque están atados por las mismas anomalías y algunos de Morena que dividen a los del propio partido y protegen al otro.
¿Qué puede ser más importante para la justicia que proceder en contra de un pederasta y delincuente de la política, con pruebas delincuenciales sobre el escritorio?
Hay acuerdos.
Por ejemplo, esto pasó ayer. Por enésima ocasión el fallo de desafuero de Toledo y de Huerta volvió a ser nota.
Después de cuatro intentos o cinco, o seis, para llevarlo a cabo, volvió a exhibir que los grupos de poder usan cualquier triquiñuela para evitarlo.
Va la maniobra: La oposición pide desafuero de Huerta y Toledo. Pero la oposición está dividida. En Acción Nacional unos quieren justicia en contra de Toledo, pero otros no, y lo mismo pasa en Morena.
Éste último partido, curiosamente en alianza con algunos miembros del PAN, quieren meter en el paquete de desafuero al fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que sea tratado en otro dictamen diferente al de proceso de marras, pues aseguran que éste tiene un amparo definitivo que implica que el juicio continúe hasta el final, de lo contrario, los legisladores caerían en una violación a la Ley por desacato.
Conclusión: los partidos políticos están divididos porque conviven con pillos entre sí, sin importar los institutos políticos, por eso las confusiones y las negociaciones, por eso el freno a desafueros.
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Uppercut: Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó una suspensión contra la reforma que aprobó el Congreso de Tamaulipas para “blindar” al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra el desafuero avalado por la Cámara de Diputados. ¡Intesante!
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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