TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA

El papel del Congreso en la planeación y ejecución de obras

Los cambios legislativos dieron mayor claridad en la distribución de riesgos de cualquier proyecto entre gobierno y sector privado

OPINIÓN

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Marco Frías / Tiempo de infraestructura / Opinión El Heraldo de México

Desde la década de los 90 y marcadamente desde 1997 con el primer Congreso dividido de nuestra historia, el Poder Legislativo se ha constituido como un espacio de la mayor relevancia en términos de formación y diseño de políticas públicas, particularmente a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la aprobación de ordenamientos que van desde reformas constitucionales hasta legislaciones secundarias y reglamentos.

Las distintas legislaturas en este periodo han sido relevantes en la generación de los marcos legales que regulan sectores tan importantes como energético, telecomunicaciones, minero y financiero, entre otros. El de infraestructura, y en particular carreteras y autopistas, no ha sido ajeno a esta dinámica.

La aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (2012) o subsecuentes reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como por ejemplo la creación del Artículo 6 Bis en 2016, han sido eventos significativos en la forma en la que se conducen las relaciones entre Estado y empresa como entes que desarrollan infraestructura vial. Estos cambios legislativos han propiciado una mayor claridad en la distribución de riesgos de cualquier proyecto entre gobierno y sector privado, una mayor certeza legal para quienes invierten en el sector y reglas más claras.

Es evidente que, a partir de la promulgación de la Ley APP, el interés y la participación de los privados en el sector carretero se incrementaron. Si bien ésta es perfectible, su instrumentación ha sido un paso clave para atender la brecha que en materia de infraestructura aún persiste (no es casualidad que diversas entidades federativas han adoptado los preceptos de esta ley como parte de sus marcos regulatorios locales).

De cara al inicio a la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, vale la pena recapitular las principales herramientas con las que cuentan nuestros representantes para incidir en el desarrollo de infraestructura vial. De la mano del Congreso de la Unión, los activos carreteros del país podrían verse beneficiados a partir de las tres funciones básicas que la Constitución otorga a los diputados y senadores: legislar, fiscalizar y representar.

Primero, haciendo leyes que reflejen las necesidades de una realidad cambiante; ejemplo de ello son las recientes modificaciones legales hechas por la Cámara de Diputados para inhibir la toma de casetas de peaje en autopistas, pues ante el huachicol carretero, se generó una pérdida de ingresos que se tradujo en altos costos sociales que incluso amenazaban la correcta provisión de programas federales dirigidos a sectores marginados.

Segundo, fiscalizando el ejercicio del gasto en el sector, tanto presupuestal (en el Presupuesto de Egresos de la Federación) como no presupuestal (en fondos específicos) los legisladores ayudan a optimizar su gasto y a vigilar su rendimiento. Al ser proyectos de impacto diferido en el tiempo, la fiscalización de éstos resulta elemental. En este sentido, la labor que realiza la Auditoría Superior de la Federación es de mayor importancia.

Tercero, representando a los habitantes de su distrito o entidad, los legisladores son un vehículo para canalizar demandas ciudadanas, muchas en torno a un proyecto relevante, como una carretera o autopista, de modo que se maximicen los beneficios a la población.

Cuarto, modificando y aprobando el PEF. Este es el instrumento de política pública por excelencia; en él se reflejan las prioridades de los gobiernos y órganos legislativos y marcan la pauta en el desarrollo y crecimiento de la economía.

Existe un quinto factor concerniente al marco jurídico del Congreso, pues actualmente sólo la Cámara de Diputados cuenta con una comisión ad hoc (Infraestructura); mientras que el Senado integra un espectro muy amplio de temas para atender los asuntos de este subsector en la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Resulta fundamental continuar el camino de la profesionalización de los cuerpos de asesores con los que cuenta el Poder Legislativo.

Sería relevante la conformación de un centro de estudios (como los de Opinión Pública) avocado al desarrollo de análisis, propuestas de políticas públicas y de mejores prácticas, entre otros, para alcanzar, en conjunto con el Poder Ejecutivo, entidades federativas y sector privado, una infraestructura de clase mundial como nos lo exige nuestras realidades económicas y sociales.

Gráfico: Arturo Ramírez

Por Marco Frías
Director general de la AMCIV, A.C.
@AMCIV

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