A medida que la tecnología ha ido avanzando en el mundo, la mayor parte de las economías han sufrido diferentes intrusiones en su manera de funcionar y también en la de comercializar sus productos. Este fenómeno es normal pues la digitalización de los mercados internacionales es ya una realidad que difícilmente se detendrá.
En este sentido, las enormes asimetrías que las grandes compañías trasnacionales comienzan a refirmar con el paso del tiempo respecto a otras de mayor volumen es también una característica del modelo económico que no ha cambiado con el paso de los años. Las compañías más grandes siguen determinando las reglas del juego.
Por todo ello, el G20, el grupo de los países más ricos, acordaron en días pasados, establecer una tasa de impuesto corporativa mínima del 15 por ciento, con la intención de erradicar la existencia de paraísos fiscales en el mundo. La noticia ha sido celebrada como “histórica” pues será adoptada por 132 países a partir de 2023.
Pero esta medida no sólo no es histórica, sino que busca normalizar la desventaja competitiva en la que se encuentra la clase media con respecto a las empresas, y la profunda desigualdad de los sistemas fiscales. Esta acción tributaria se disfraza de progresiva sin serlo, peor aún, en realidad es cosmética y poca profunda en su esencia. Y afectará a países como México.
Esto se debe a diferentes factores entre los que se encuentran:
En primer lugar, que el impuesto mínimo acordado es extremadamente bajo, por lo tanto, sigue creando incentivos para que las tasas corporativas de todo el mundo bajen. Ello responde a que el nivel tributario de tipo corporativo promedio de la OCDE es de 26 por ciento. De hecho, salvo las islas del Caribe y un conjunto de naciones, la gran mayoría de los países tienen tasas de este tipo, mucho mayores al 15 por ciento. Estos datos evidencian que las disparidades existentes en los cobros fiscales de diferentes países del mundo deberían responder a criterios homogéneos y no coyunturales para, de esta forma, establecer una red de cooperación fiscal internacional eficiente e invulnerable, ante las presiones de estas grandes empresas.
El cobro del 15 por ciento es tan poco significativo que sentará un precedente para que los cobros a corporaciones de otros países se perciban como poco competitivos e inicien esfuerzos para reducirlos. Vale la pena recordar que la propuesta inicial de Estados Unidos era del 21 por ciento, una iniciativa aún baja, pero fue rechazada. El acuerdo protegió a las empresas más grandes del mundo a costa de una distribución justa del ingreso global. Esta acción pone en peligro la viabilidad financiera de competidores con menor presencia en la escena internacional y por supuesto privilegia y protege los intereses de los países que administran en mayor porcentaje las acciones de estas compañías.
Otro elemento, es porque es regresivo. Favorece a los países más ricos en detrimento de los más pobres. Esto se debe a que el acuerdo incluye una regla para que las multinacionales paguen menos impuestos en los países en los que producen y más en los países en donde venden. Por lo tanto, si esta regla se estudia con detenimiento se comprueba fácilmente el precepto anterior. En este mismo sentido, debido a la disparidad de poder de consumo entre los países productores (lugares como Vietnam, China y México) y los países donde se concentra el consumo (Estados Unidos y Europa), el impuesto será de facto una transferencia de recursos a los más ricos. ¿Cuál sería la ganancia real para las economías emergentes en estos términos? Ninguna.
Finalmente, lo que valdría la pena entender, es que el marco normativo legitima la desigualdad, pues impone una tasa mínima, inferior de lo que pagaría una persona de clase media en cualquiera de los países mencionados. En México, en este supuesto, pagan impuestos por el 21 por ciento de sus ingresos. Mientras que las empresas más grandes del mundo terminarán pagando menos que eso, proporcionalmente hablando. Esto es una terrible burla a millones de contribuyentes cautivos, que, a su vez, también son consumidores.
México debió haber tenido el valor de rechazar el acuerdo del G20 e implantar medidas mucho más agresivas y justas en favor de sus contribuyentes y consumidores, por las razones que ya se han expuesto. En un país supuestamente gobernado por la izquierda, el gobierno mexicano debió levantar la voz para que el G20, dejará a un lado sus simulaciones y no tratará de imponer esta clase de medidas a las economías en desarrollo. Una gran oportunidad se perdió.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAAZ
