A partir del 9 de agosto, todas las sentencias que emita el Poder Judicial Federal y de las entidades federativas deberán publicarse y transparentarse en versión pública, resguardando datos personales o información que pudiera ser reservada.
La votación para reformar la Ley General de Transparecia fue unánime, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, y establecieron que sujetos obligados de órganos jurisdiccionales deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: “Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas”. “Todo” o “toda” se define como: un conjunto de cosas, sin excluir ninguno, es decir, “por completo”, señalan diversos diccionarios en español. Podemos entender que “todas”, como establecieron legisladores, significa que no habrá excepciones, ni será opcional, ni discrecional, la publicación de resoluciones que pongan fin a un conflicto.
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En el seno del Sistema Nacional de Transparencia sometieron a votación lineamientos para la publicación de estas sentencias, como obligación de transparencia, en los portales institucionales y en la PNT. Y, someramente, se analizó si debían publicarse una vez que se emitan o hasta que “causen estado o estén en firme”. Es decir, en qué momento se publican. En el proyecto se proponía que se publicarán hasta que las decisiones administrativas tengan el carácter de permanente, lo que representaría un retraso de meses o años, cuando el texto de la reforma no distingue, ni condiciona, que tengan el carácter de cosa juzgada, al haber concluido todas las instancias en las que puede ser impugnadas.
Afortunadamente no pasó ese apartado que establecía un candado para el momento de transparentar sentencias, contrario al principio constitucional de máxima publicidad y al espíritu de progresividad que aprobaron diputados y senadores, tras el impulso de Equis Justicia para las Mujeres, asociación civil que promovió el grupo de trabajo ‘Lo justo es que sepas’ Hasta el primer trimestre del año, 11 estados (Aguascalientes, Colima, CDMX, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz) habían armonizado leyes locales a la reforma; además 25 poderes judiciales venían publicando sus sentencias, pero las que se consideraban de “interés público”, más o menos unas 30 mil se habrían publicado en 2020.
La transparencia de sentencias en versión pública, con las excepciones de ley de la información que clasifique como confidencial o reservada, debe constituirse como un mecanismo de fortalecimiento institucional, y su publicación, pronta y expedita, no sólo promoverá transparencia y rendición de cuentas, también fortalecerá la confianza y el respeto de la ciudadanía en la labor judicial. Aunque la tarea será titánica para poderes judiciales estatales, porque tendrían que hacerse públicas cerca de dos millones de sentencias al año, ahora podrán ser revisadas por la ciudadanía. Un gran éxito de transparencia en México en aras de garantizar derechos humanos y fortalecer el acceso a la justicia.
POR NALDY RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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