La elección ha concluido. Tras el periodo de campañas y la jornada electoral, ahora resta conocer el resultado oficial de los puestos en disputa en los cómputos distritales para saber quiénes nos gobernarán en los municipios, gobiernos estatales, así como nuestros representantes en los Congresos Locales y en el Federal.
Durante las campañas encontramos de todo, bailes, cantos, propuestas, campañas, y, por el contrario, descalificaciones, guerra sucia, calumnias y violencia contra candidatos.
La violencia se produjo por distintas causas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó tres posibles motivos, por los conflictos territoriales y demandas sociales especialmente en el medio rural; por organizaciones populares que utilizan la coyuntura electoral para presionar por la satisfacción de sus demandas, como ocurrió con un candidato en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a quién amarraron por el incumplimiento de obras y, por último, por la violencia por parte de organizaciones delictivas.
De acuerdo con la consultora Etellekt, en el proceso electoral del 2018 se presentaron 774 agresiones o hechos delictivos contra políticos, con un saldo de 152 personas asesinadas. En el proceso de este año, hasta el 30 de mayo, se habían presentado 782 agresiones (un incremento de un punto porcentual), con un saldo de 89 asesinatos, de los cuales 35 eran candidatos a puestos de elección.
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Estos homicidios se concentraron en los procesos municipales, ya que casi el 90% fue en este nivel de gobierno. La violencia no está presente en todo el territorio, los asesinatos se concentraron en 1.21% de los municipios del país. El ámbito municipal fue el más afectado, esto ocurre porque es el nivel de gobierno donde las organizaciones criminales tienen una presencia más relevante.
El posicionar a candidatos o eliminar a su competencia para poner a los suyos les permite tomar el control de las finanzas municipales, para solicitar moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores, además de obtener la colaboración de las autoridades y lograr beneficios de carácter estratégico, como la obtención de información de inteligencia, apoyo para combatir a sus rivales y tener menos obstáculos para llevar a cabo sus actos delictivos.
Los asesinatos no son la única vía para lograr su objetivo, sino también a través de las amenazas, tanto para que sus contrincantes retiren sus candidaturas, como para obligarlos a colaborar con ellos en caso de que obtengan la victoria.
No deja de ser alarmante, especialmente por las consecuencias que puede tener a futuro para los lugares donde los nuevos gobernantes estén vinculados con las organizaciones delincuenciales, ya que se verán forzados a cumplir compromisos previos.
Frente a este escenario, ¿qué se debe hacer? Primero, que los homicidios, atentados y las amenazas contra los candidatos no queden impunes.
Se necesita la colaboración de todas las autoridades para mandar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia contra los nuevos representantes, especialmente en los municipios donde ocurrieron los hechos.
Un segundo punto es hacer un seguimiento de las finanzas en los municipios.
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
PRESIDENTE IBN/B ANALITYCS Y EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL POR HARVARD (NIS)
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