COLUMNA INVITADA

Inversiones estratégicas para una recuperación sostenible

Todas las organizaciones económicas internacionales prevén una recuperación de la economía mexicana en 2021 superior al 5 por ciento

OPINIÓN

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Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Todas las organizaciones económicas internacionales, incluyendo el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, prevén una recuperación de la economía mexicana en 2021 superior al 5 por ciento. El Banco de México cree que el crecimiento podría ser aún mayor, y llegar hasta 6 por ciento. Es una buena noticia, pero este crecimiento no alcanza a paliar la enorme caída del 2020, cuando la economía se contrajo en 8.5 por ciento, por efecto de la pandemia. Tampoco vamos a crecer al ritmo de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, cuyo crecimiento rondará entre 6.5 y 7 por ciento. Además, los pronósticos de nuestro crecimiento económico para los siguientes años son de 3 por ciento en 2022, y entre 2 y 2.5 por ciento en 2023 y 2024. De cumplirse estas proyecciones, la economía mexicana en 2025 será igual y hasta un poco menor que en 2018, pero con una población que habrá aumentado en más de diez millones de personas. Eso significa que como país seremos un poco más pobres. México está sumido en la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento económico que, de acuerdo con el último Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano, caracteriza a América Latina y el Caribe (file:///C:/Users/L03125624/Downloads/undp-rblac-PNUD_IRDH-2021_ES_ok.pdf

Pero, más allá de un bajo crecimiento, debemos preguntarnos qué clase de desarrollo tendremos. Y, en ese campo, las noticias tampoco son muy alentadoras. Según el Informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 2021 (SDSN, por sus siglas en inglés), México está muy lejos de alcanzar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. (https://www.unsdsn.org/sustainable-development-report-2021) Estamos lejos de erradicar el hambre, la malnutrición, la pobreza extrema, o de alcanzar un sistema de salud y seguridad social eficaz; un sistema educativo de calidad; igualdad de género, energía asequible y no contaminante para todos; trabajo decente y crecimiento económico acelerado. No estamos protegiendo la biodiversidad y estamos destruyendo los ecosistemas, terrestre y de vida bajo el mar. Paralelamente, no estamos construyendo una sociedad pacífica, justa, con instituciones sólidas. Para muestra un botón. Junto con algunos otros países de América Latina y el Caribe, México se ha convertido en una de las sociedades más violentas del mundo, con una tasa anual de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, a nivel mundial, mueren muchas más personas por homicidios violentos, que por conflictos armados o por terrorismo, juntos. (https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2019/July/el-homicidio-causa-muchas-ms-muertes-que-los-conflictos-armados--segn-nuevo-estudio-de-la-unodc.html.

La mayor parte de nuestra fuerza de trabajo, 57%, labora en condiciones de informalidad. Las transferencias directas del gobierno federal no están llegando a todos los pobres. La falta de apoyo a grandes sectores de la población golpeados por la pandemia ocasionó, según el CONEVAL y la CEPAL, que tengamos nueve millones más de mexicanos en la pobreza. Frente a esa realidad, también debemos preguntarnos qué acciones podría tomar el país en este y los próximos años para lograr no un retorno al México previo a la pandemia, sino un país menos desigual, menos injusto, más productivo, protector del medio ambiente, que reduzca significativamente las emisiones que provocan el cambio climático, y sea menos pobre. Un México sostenible y próspero.

La respuesta es incrementar el compromiso de todos los sectores, incluyendo los tres niveles de gobierno, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, y las universidades y centros de investigación, con el desarrollo sostenible. Hay que hacer una gran Alianza Nacional (multiactor) por el Desarrollo Sostenible. Pero se requiere el liderazgo firme del gobierno federal. Por esa razón, el gobierno federal podría anunciar públicamente su decisión de alinear el presupuesto de egresos de la federación para 2021, con los ODS, tal como ya se dispone en la Ley de Planeación en vigor. También podría hacer un vínculo explícito entre todos sus programas sectoriales y los ODS. Por su parte, los gobiernos estatales y municipales, en particular todos los que iniciarán su periodo de gobierno en los próximos meses, deberían incluir a los ODS en sus planes y programas de gobierno. La Cámara de Diputados y el Senado podrían abocarse a analizar y tomar decisiones sobre la “Estrategia Legislativa para la Agenda 2030” que elaboró un grupo de trabajo de funcionarios, expertos y académicos, en los que participó SDSN México, coordinada por el Tec de Monterrey y la UNAM (https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/estrategia-legislativa-para-la-agenda-2030.).

La recuperación sostenible nos tomará muchos años. Pero se debe empezar ya, reforzando políticas y programas de gobierno que puedan tener el mayor impacto en el menor tiempo posible. En ese sentido, hay políticas y programas públicos que, de recibir todo el apoyo del gobierno federal y los gobiernos estatales, podrían tener un impacto muy positivo en el corto y mediano plazo para una recuperación sostenible. Ofrezco dos ejemplos.

En primer lugar, alcanzar la cobertura de internet en todo el territorio nacional, y el acceso al mismo por parte de toda la población. En febrero de 2020, en México había sólo 80.6 millones de usuarios de Internet, equivalente al 70.1% de la población. En las ciudades, los usuarios representaban el 76.6%, mientras que en las zonas rurales sólo eran el 47.6%. Hay un déficit elevado, sobre todo en el México rural. Si se logra la cobertura en todo el territorio nacional, se puede garantizar el acceso a Internet a toda la población, con la participación de pequeñas y medianas empresas. Es una meta realizable, que corresponde con los programas del gobierno, pero hay que acelerarla. Para reducir la desigualdad estructural y favorecer la inclusión, hay que cerrar la brecha digital lo antes posible.

En segundo lugar, se debe acelerar la inclusión financiera. A nivel internacional e incluso latinoamericano, México tiene un nivel muy bajo de inclusión financiera: 47% de la población adulta en 2020. Hoy, 577 municipios del país no cuentan con ningún tipo de infraestructura financiera, ni siquiera una sucursal bancaria, una corresponsalía o un cajero automático. Los ejemplos internacionales de impacto positivo de la inclusión financiera son abundantes: Bangla Desh, Brasil, Kenia, India, Costa Rica y muchos otros. Una cuenta bancaria ayuda a las personas y a las empresas a planear el ahorro y operaciones financieras, a superar emergencias, y a aprovechar oportunidades de mercado. La inclusión financiera empodera a las mujeres. Reduce los niveles de informalidad, corrupción, y gastos innecesarios del gobierno, las pymes y las personas. La política nacional de inclusión financiera planea alcanzar 77% de la población adulta en 2024. Hay que ampliar la cobertura a toda la población adulta, y reducir el tiempo para lograr la meta. Cientos de miles de micro y pequeñas empresas, saldrán beneficiadas.

Hay muchas otras políticas y acciones concretas que se deben implementar para fortalecer el desarrollo sostenible del país. Las analizaremos en próximas entregas. Lo fundamental es convencernos de que en el siglo XXI el desarrollo sólo puede ser sostenible, o vamos al colapso.

POR MIGUEL RUÍZ CABAÑAS IZQUIERDO
DIRECTOR DE LA INICIATIVA DE OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY
@miguelrcabanas

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