“Desde que surgió el IFE, en 1990, se han realizado al menos cinco reformas electorales para garantizar la equidad e imparcialidad”.
El Presidente afirmó que entre las reformas constitucionales para consolidar la inexplicablemente llamada Cuarta Transformación, está la electoral. Ahora resulta que después de una de las elecciones más exitosas organizada por el INE y los institutos electorales locales, es necesaria una reforma electoral que modifique la composición del Consejo General del instituto.
La propuesta no debiera sorprender, pues es evidente el encono personal, sin bases institucionales, que tiene el Lic. López Obrador con las autoridades electorales. Con todo, es necesario un análisis sobre el tema.
Conforme avanzan las tecnologías y las características de la lucha partidista, se imponen reformas que permitan perfeccionar el desempeño de las autoridades electorales. Desde que surgió el IFE, en 1990, se han realizado al menos cinco reformas electorales que incorporaron cambios para garantizar la equidad y la imparcialidad.
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Todas las reformas surgieron de propuestas de la oposición y se realizaron con el consenso de prácticamente todos los partidos políticos. Esa es la regla de oro de dichos cambios, pues no importaba que un partido pudiera o no realizar cambios constitucionales, lo importante siempre fue el consenso.
Después de la reforma de 2014, es innegable que hay nuevos fenómenos que inciden en las elecciones. No se trata sólo del impacto de las redes sociales o del incremento de la violencia política contra candidatos, en especial contra las mujeres. Además, por ejemplo, es evidente la importancia de reforzar las acciones afirmativas que establecieron el INE y el TEPJF para las comunidades indígenas, migrantes, afromexicanos y personas con preferencias sexuales diferentes, o los esfuerzos del INE por pilotear la eficiencia de las urnas electrónicas, o el facilitar la credencialización y sanidad ante la pandemia.
Sin duda hay problemas que atender, cómo garantizar que los OPLEs reciban la ministración oportuna de su presupuesto, o la reglamentación del artículo 134 Constitucional para evitar que el Presidente vuelva a intervenir ilegalmente en las elecciones. Simplemente, a pesar de la urgencia del Ejecutivo, el Congreso no ha reglamentado ni la consulta popular (a realizarse en 44 días), ni la revocación de mandato.
Al Presidente sólo se le ocurrió: reducir el costo del INE; modificar el Consejo General; y eliminar los diputados y senadores de representación proporcional. Sobre este último punto, el Presidente busca golpear en la línea de flotación a nuestra democracia.
Desde 1977 la RP sirvió para permitir a todas las fuerzas políticas contar con un espacio institucional de participación y deliberación, que condujo a la inclusión y fortalecimiento del debate político. ¿Conviene eliminarlos?
Pensar en serio una Reforma Electoral implica un trabajo muy complejo, con la participación de todas las fuerzas políticas, del INE, el TEPJF y especialistas. El objetivo debe ser resolver problemas, no crear nuevos conflictos. Se impone el consenso y el respeto a las instituciones.
Por ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR TEC MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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