La elección del pasado domingo cambió de golpe la velocidad a la que se movía la política mexicana. Con una oposición desarticulada y un Ejecutivo concentrador de decisiones y narrativas, el país se dirigía aceleradamente a la restricción de la democracia y la limitación de los equilibrios de poder.
La articulación de la alianza Va por México, fue un salvavidas lanzado por PAN-PRI-PRD con la intención de sobrevivir a MORENA como partido hegemónico en ciernes. Su único objetivo era contener el ascenso electoral de la coalición oficialista, maximizar la eficiencia del voto al evitar una inútil división del voto, y de esa manera revivir a una oposición con capacidad operativa y no meramente testimonial.
En este sentido el experimento resultó un éxito. Recuperaron posiciones en la Ciudad de México, redujeron el número de diputados de los partidos que respaldan al presidente, y lograron reaparecer en el escenario político como triunfadores. Pero MORENA también demostró que a pesar de los errores cometidos en lo económico, en el manejo de la pandemia, y en el ataque directo a diversos intereses tanto de poderosos como de desposeídos, su capacidad de operación política rebasó lo esperado fundamentalmente en la zona noreste del país en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
Y es precisamente este escenario el que podría obligar a López Obrador a tener que negociar con una oposición hoy existente en la realidad. Las reformas constitucionales parecen quedar fuera de su alcance por lo menos en el corto plazo, y sus leyes y reglamentos administrativos que pudiese aprobar por mayoría simple en ambas Cámaras, pueden ser rechazados precisamente por su carácter anticonstitucional.
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En unos cuantos meses entraremos en un juego político totalmente diferente de negociaciones que probablemente retardarán el impulso “transformador” del primer mandatario, para entrar en un terreno de semiparálisis en virtud de la imposibilidad de conciliar proyectos diametralmente opuestos.
La posible negociación tendrá como consecuencia la contención de los más radicales cuyo proyecto político sigue siendo el de apuntalar un régimen centralista y autoritario bajo el control del caudillo en una economía de exportación pero con un empresariado nacional sometido al poder político sin limitación alguna.
El INE resistió los embates presidenciales y realizó un trabajo impecable. Las instituciones de la democracia mexicana, con todos sus defectos e imperfecciones siguen demostrando que son capaces de organizar elecciones, procesar adecuadamente la voluntad popular, e intentar al menos, poner a raya los abusos del poder.
POR EZRA SHABOT
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