La brutalidad policial es un término utilizado en el mundo para describir el uso excesivo de la fuerza física, ataques verbales y amenazas por policías u otras fuerzas del orden público.
Este fenómeno es muy común en muchos países, incluso en aquellos que la persiguen. Por eso las corporaciones han creado departamentos específicos para investigarlas, como es el caso de “asuntos internos”.
La muerte de George Floyd demostró que la violencia policial en los Estados Unidos es un problema de salud pública. Este incidente se pudo evitar, fue impactante, pero habitual.
Las muertes de personas en confrontaciones con la policía, como la del caso Floyd en Minneapolis, es algo que se repite cientos de veces en Estados Unidos. Cada año mueren en ese país por acción justificada o no de la policía, más de 1,000 personas.
La Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés) coincide en que la violencia sistemática por parte de la policía da como resultado muertes, lesiones y estrés que afectan a la población, sobre todo a los grupos más marginados.
Un estudio de la APHA ve a la violencia policial como un problema de salud pública, lo que debe ser tratado de esa forma, ya que esta violencia tiene consecuencias para la salud pública, la democracia y la estratificación racial.
Estos hechos y protestas en nuestro vecino del norte han tenido eco en México, donde la brutalidad policial es sistémica. Los abusos de las instituciones de seguridad son cotidianos y la aceptación social de los mismos está bastante extendida.
Baste recordar el caso de Alexander Martínez, de 16 años, quien fue asesinado por policías municipales de Acatlán, Oaxaca, al salir de una tienda. Él y sus amigos fueron confundidos con delincuentes, como si ser sospechoso de algún delito justificara la ejecución extrajudicial.
Otro caso fue el ocurrido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, donde fue asesinado por policías Giovanni López. Su cuerpo presentaba lesiones extremas que sugieren la aplicación de tortura antes de su muerte.
El caso más reciente es el acaecido en días pasados en Tulum, Quintana Roo, en donde Victoria Esperanza Salazar, mujer salvadoreña, perdió la vida al ser sometida por policías municipales.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo aseveró que la técnica policial fue utilizada de manera desproporcional, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima.
Se trata de un feminicidio más, de los muchos que siguen sucediendo en nuestro país, en donde se ve muy lejos la igualdad de género. Afortunadamente, el ministerio público ejerció acción penal en contra de los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres.
Estos hechos cada día se vuelven parte de una normalidad que no debemos aceptar, recordemos que, en noviembre pasado, policías dispararon contra un contingente feminista que protestaba contra la impunidad del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años.
Que los abusos policiales estén haciéndose visibles es un signo positivo. Refleja la necesidad de plantearnos de forma urgente cómo acabar con ellos.
En la Ciudad de México se ha aplicado una política de tolerancia cero. Bien por la Jefa de Gobierno que ya dejó claro que no se aceptarán este tipo de abusos y excesos en la capital del país.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
COLABORADOR
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