Los ciudadanos debemos estar en el centro de toda política pública que adopte el Estado mexicano. En el caso de la energética, esto se traduciría en buscar las menos contaminantes y por tanto, que dañen menos nuestra salud y el medio ambiente, a la vez que sean más accesibles y baratas para todos.
Y las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica no fueron el caso. Por eso no sorprende la rapidez con la que fueron combatidas y declaradas suspendidas por los Juzgados: el mismo día que entraban en vigor se presentaron demandas de amparo en su contra.
Pero no sólo fueron las empresas las que se protegieron, también particulares, como Greenpeace y un grupo de jóvenes, ¡y eso que todavía no vence el plazo para presentar demandas! Apuesto a que rebasarán la centena a finales de abril y aún está por verse si habrán acciones y controversias constitucionales, que es muy probable.
Los dos jueces federales especializados ya han otorgado decenas de suspensiones definitivas contra la ley eléctrica y a menos que sean revocadas por alguno de los dos Tribunales Colegiados especializados en competencia económica, éstas durarán todo el juicio de amparo y su correspondiente recurso de revisión; es decir, pueden alargarse más de un año.
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Las razones por las que fueron otorgadas son diversas, pero los motivos ambientales fueron el pilar en la decisión.
Los argumentos son que (i) podría afectar al medio ambiente; (ii) se podría poner en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, incluido el Acuerdo de París; y (iii) que no cumple con principios constitucionales de no regresividad, congruencia, precaución y prevención aplicables a los derechos relacionados con el medio ambiente sano.
Es en este contexto que hay un caballo de batalla que está por entrar en la discusión y que no debemos perder de vista: el Acuerdo de Escazú.
En noviembre de 2020, el Senado mexicano ratificó por unanimidad el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigor este 22 de abril.
Ya son 12 los países que han ratificado ante la ONU el instrumento que establece obligaciones en cuatro rubros: derecho al acceso a la información ambiental, derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, protección a defensores de DDHH y participación pública.
Es en este último punto que pueden encallar o no las futuras propuestas para modificar al sector energético. Al activarse la obligación del Estado mexicano de garantizar que la ciudadanía tenga acceso y contacto sistemático con los mecanismos de participación, y ser parte activa en el proceso de toma de decisiones relacionadas con proyectos de desarrollo y gestión de los recursos naturales.
A toro pasado, ya no se dio un proceso de participación pública en las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Pero se puede activar esta carta en la baraja: a partir del 22 de abril, podemos exigir que se respete nuestro derecho a participar en este tipo de asuntos.
POR JULIA GONZÁLEZ ROMERO
ASOCIADA COMEXI
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