Durante la última década, las redes sociales se han convertido, en los hechos, en un mecanismo efectivo de comunicación entre millones de personas en el mundo, erigiéndose como un espacio de deliberación social, una fuente de acceso a la información y, en muchos casos, en un tribunal de rendición de cuentas. Tan sólo la red social “Facebook” cuenta con alrededor de 61 millones de usuarios en el país, por 9.5 millones de “Twitter.”
De manera paralela, la irrupción de las redes sociales en la cotidianidad de los ciudadanos ha derivado, en el ámbito jurídico, en una manifestación concreta del fenómeno que se presenta cuando la realidad supera al Derecho. En tal escenario, las y los legisladores de distintos países se han enfrentado al reto ineludible de encontrar la manera de establecer regulaciones que protejan de manera efectiva la seguridad de los usuarios en temas como la protección de datos personales, cyber-acoso, acceso a la información, entre otros.
En ese contexto, vale la pena destacar que un factor de gran relevancia que ha complicado la respuesta nacional e internacional a la pandemia del COVID-19 se ha enmarcado precisamente en la difusión de información incorrecta y falsa por medio de las redes sociales, lo cual ha incidido inexorablemente en la pérdida de vidas humanas en todo el mundo. También, la desinformación representa una amenaza latente en perjuicio de la consolidación democrática. Un ejemplo evidente se presentó en el Proceso Electoral de Estados Unidos, cuando el entonces presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para compartir y difundir información engañosa, de la cual pudo haber derivado la insurrección ocurrida en el Capitolio de dicho país. Esto provocó que los llamados “gigantes tecnológicos” -Facebook, Twitter y Google, entre otros- decidieran bloquear las redes sociales del expresidente, así como diversos espacios virtuales de interacción entre sus simpatizantes y distintos grupos de ultraderecha, lo cual desató una gran polémica en torno a los límites de la libertad de expresión en el contexto de dichas plataformas.
Incluso, en noviembre de 2020, una ONG llamada “Forum on Information and Democracy” (Foro de Información y Democracia) junto a un grupo de expertos, académicos y juristas de todo el mundo definieron un conjunto de recomendaciones para responder a las llamadas “infodemias” a través de cuatro desafíos estructurales, los cuales giran en torno a esquemas para la moderación del contenido en redes sociales a partir de estándares internacionales de libertad de opinión y expresión; criterios, mecanismos y políticas para promover la autenticidad, confiabilidad y facilidad de búsqueda del contenido; la definición de espacios público-privados mixtos para disminuir la viralidad; y ciertos requisitos de transparencia a las plataformas para poder determinar si están respetando sus responsabilidades.
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En tal escenario, y ante la inminente discusión y eventual aprobación en el Senado de la República de una reforma que implicaría la regulación de las redes sociales en nuestro país, los legisladores habrán de atender la problemática desde un enfoque integral, en donde concurran los mecanismos parlamentarios y de participación ciudadana que permitan generar un marco normativo eficaz que corresponda a los principios y valores tutelados en la Constitución en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL