¿Cómo hacer fácil y sencillo el comercio para que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, puedan participar en los mercados mundiales, sin que las autoridades pierdan el control de las operaciones, el cumplimiento de las normas, eviten el contrabando y se garantice el pago correcto de los aranceles?
Esta pregunta es la que tiene quebrándose la cabeza a dos de las instituciones mundiales más importantes en materia de comercio exterior: la Organización Mundial de Comercio, cuya agenda gira en torno a la facilitación del libre comercio, y a la Organización Mundial de Aduanas que busca un equilibrio entre esa facilitación y el control. El tema, por supuesto, lo viven día a día todas las autoridades del mundo que regulan el comercio de sus países. Y es que el reto no es nada sencillo.
En México, el pasado martes 16 de marzo, la Secretaría de Economía instaló formalmente el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es facilitar la coordinación entre las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y órganos constitucionales autónomos que, en el ámbito de sus distintas competencias, participan en la regulación de programas vinculados al comercio exterior.
Estamos hablando de más de 12 dependencias que de alguna u otra manera intervienen en el intercambio de mercancías de nuestro país con el mundo: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y la Administración General de Aduanas, por supuesto, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entre otras.
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La creación de este Comité de Facilitación deriva del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio, y su establecimiento representa sin duda alguna un avance sustantivo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México internacionalmente, cumpliendo también con Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que tiene entre sus principales objetivos impulsar la reactivación económica, así como impulsar las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria.
Durante el 2020, el comercio exterior continuó siendo el motor de la economía nacional, representando el 74.5% del Producto Interno Bruto. No obstante, la mayoría de las empresas que importan o exportan son grandes. De ahí el gran reto que tenemos de facilitar el comercio exterior para sumar a las Pymes que son el 90% de las empresas instaladas y que generan el 77% del empleo en el país.
El INEGI estima que sólo 4 de cada 100 Pymes participa en cadenas globales de valor, y apunta que el 87% de ellas no participa por falta de información (desconocimiento pleno de las ventajas que tendrían de participar en las cadenas globales), mientras que el 30% no lo consiguen por la complejidad de los trámites o los impuestos elevados; y un 92% de ellas no cuentan con acceso al financiamiento que otorga la banca.
Para responder a este gran reto, la Secretaría de Economía que encabeza Tatiana Clouthier, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior que dirige Luz María de la Mora, decidieron acertadamente incorporar a la iniciativa privada al Comité de Facilitación, con voz pero sin voto, a través del Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, CONCANACO, CAAAREM, COMCE y la CNA. De esta forma buscarán conjuntamente implementar estrategias que permitan la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al comercio exterior y por supuesto ser más competitivos en todos los procesos logísticos para competir de tú a tú con cualquier región o país del mundo.
POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA A.
AGENTE ADUANAL, EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR.
@IGNAQUIZ
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