Una de las reformas más importantes que se han llevado a cabo en el último año en México es la del Sistema de Pensiones. Pese al canto de las sirenas con enfoque expropiatorio que rondó las discusiones legislativas, en 2020 se aprobaron cambios que implicarán que la contribución de los empleadores a la cuenta individual de ahorro de los trabajadores pase del actual 5.15%, del Salario Base de Cotización (SBC), a 13.875%, en 2023, con lo que la aportación total para el retiro pasará de 6.5% (del SBC) a 15%. Ello aumentará la pensión en hasta un 40%, misma que la OCDE calcula actualmente en tan sólo poco más de un cuarto del último salario.
Otro de los cambios relevantes para que los trabajadores tengan derecho a una pensión al final de su vida laboral fue reducir el requisito de semanas cotizadas, pasándolo de mil 250 a 750. Cualquier esfuerzo en el sentido de aumentar las contribuciones a la cuenta individual, a fin de que los trabajadores tengan una mejor pensión, son plausibles.
Si bien esta reforma es un avance en la dirección correcta, habrán varios ajustes que realizar, tanto en políticas por parte de la Secretaría de Hacienda, como en regulación secundaria a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para seguir generando incentivos adecuados en el sistema.
Uno de los ángulos futuros en este sector debe ser la perspectiva de género. Hoy, 39.3% de las cuentas registradas corresponde a mujeres y 60.7% a hombres; 66.5% de las mujeres tiene menos de 50 mil pesos ahorrados en su cuenta individual, y únicamente 10.32% tiene ahorro voluntario. Pero más allá de esto, las niñas y las mujeres en este país pueden ser mucho más beneficiadas por un enfoque de género en el régimen de inversión establecido por la autoridad y en las decisiones de inversión de las afores.
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La OCDE lo llama “Financiamiento para el Desarrollo para la Igualdad” e implica incrementar la cantidad y la calidad a financiar proyectos con alto impacto en el empleo, la salud y la educación, y en generar acceso efectivo a derechos para las mujeres.
La ONU lo define como “Financiamiento para la Equidad de Género”, y se trata de inversión pública y privada dirigida por políticas macro hacia proyectos que benefician la inclusión de las mujeres.
El Fondo Monetario Internacional habla de flujos financieros que fomenten el desarrollo de las mujeres y les otorgue acceso a financiamiento como un elemento central no sólo de justicia, sino de productividad y crecimiento económico.
El año pasado, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que son fondos fiduciarios de Banxico, dieron un gran ejemplo al emitir el primer Bono Social de Género en México. Éste es justamente el tipo de instrumentos financieros que podrían explorarse, fomentarse y priorizarse dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro, si queremos generar círculos virtuosos para el desarrollo de las niñas y las mujeres en nuestro país y para el cierre de las brechas de género.
Al pasar del actual 20% a 40% del PIB en recursos administrados durante los próximos años por parte de las afores, como producto de la reforma reciente, nos encontramos en un buen momento para que los ajustes futuros al régimen de inversión tengan estas consideraciones que, dada su dimensión, muestren un enorme impacto para el financiamiento con perspectiva de género. Si en el ganar-ganar se puede apoyar decididamente a las mujeres a través de la inversión de los recursos pensionarios, entonces habremos ganado todos como país.
POR VANESSA RUBIO
COLABORADORA
@VRUBIOMARQUEZ
avh